Pistola en posición de disparo / Foto Pixabay
Leslie Rosado fue asesinada de un disparo en la cabeza, frente a su hija de quince años, se encontraba en estado de embarazo, es una desgracia que enluta y conmociona a un país que hace apenas siete meses vivió con horror la ejecución de una pareja de pastores cristianos a manos de agentes de la Policía Nacional, en un “incidente” que aún no se esclarece.
Mientras escribo estas líneas lloro de impotencia, siento mío ese dolor aunque no conocía a Leslie; hay un escalofrío que me recorre la espalda al pensar que estas son las mismas calles por las que transito con mi hija.
A la ingeniera de 35 años le arrebataron la vida de forma violenta, con varios agravantes, pues según un testigo había una patrulla de policías presente y no intervinieron, “El que la mató venía de civil y luego venía un contingente en un camión de la policía y estando aquí (en el lugar del hecho) no fueron capaces de detener al tipo (policía) con la acción agresiva que tenía” (Listín Diario, 3 de octubre 2021).
Fue inclusive el mismo victimario quien la llevó al hospital, las imágenes de Leslie siendo cargada, sobresaliendo su cuerpo inerte de la motocicleta mientras un uniformado les ayudaba son indignantes.
Según las declaraciones de la PN, el presunto asesino de esta joven madre, el cabo de la Policía Nacional Janli Disla Batista, no se encontraba de servicio, por lo que se podría pensar de alguna manera que esto resta responsabilidad a la institución frente al hecho, pero nada más lejos de la realidad.
Este terrible acto va más allá de un “incidente” perpetrado por un empleado fuera de su horario laboral, la responsabilidad y el código ético y moral de un miembro de la PN debe acompañarle en todos los actos de su vida, “proteger y servir”, no es algo que se quite junto con el uniforme, sin mencionar a los demás agentes presentes, que según los testigos no hicieron nada para impedir la tragedia.
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El problema es sistémico, tiene que ver con una verdad conocida por todos, la PN hace mucho tiempo necesita una profunda profilaxis y reestructuración y no es algo que se solucione solo con cambiar la jefatura cada cuatro años, o con dar un aumento de sueldo que no compensa el gran atraso que desde hace muchos gobiernos atrás vive la institución a todos los niveles.
Tiene que ver con la formación misma de los agentes, una persona que porta un arma debe tener ética, entrenamiento en la resolución de conflictos e inteligencia emocional, algo que brilla por su ausencia en una institución a la que muchos de sus miembros llegan buscando una salida laboral rápida, más que por un espíritu de servicio o sentido de justicia, sin mencionar los bajos niveles de educación.
Que levante la mano aquel que no haya temido cuando un policía le detiene, todos hemos escuchado en algún momento “el refresco de los muchachos que no han cenado” o peor aún, siempre está el peligro latente de que nos salga un ejemplar cargado de prepotencia que nos maltrate o mate, porque lastimosamente el de Leslie no es un hecho aislado.
Este caso es doloroso por demás, el oficial nunca debió sacar su arma contra una ciudadana desarmada, para empezar, si bien es cierto que se ha establecido que hubo un accidente y que la hoy occisa se dio a la fuga, también lo es que el oficial debió tener el tino de manejar la situación, pues no es un ciudadano común, sin mencionar que todos sabemos que tras un accidente muchas persona huyen precisamente por miedo a represalias violentas.
Las declaraciones del fiscal Milcíades Guzmán señalan que hubo una persecución y disparo previo a un neumático del vehículo lo que resta credibilidad a la versión de que al cabo se le escapó un disparo por desconocimiento de que el arma estaba manipulada.
Esta persona que quitó dos vidas, arruinó la suya y deja un trauma terrible a una hija que presenció la ejecución de su madre, seguiría siendo la misma este lunes, aún con uniforme de no haberse dado esta situación, seguirá portando un arma. Ahí justo está el problema, una exhaustiva formación debería estar presente en cualquier miembro del cuerpo armado, no solo de aquellos que escalan altos rangos.
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Lo correcto desde el punto de vista institucional es dar la cara a la población asumir que la PN presenta tantos problemas de base cómo la sociedad a la que se supone debe servir, esclarecer la situación y castigar con todo el peso de la ley este y otros crímenes horrendos por los que la sociedad sigue en espera.
Por otro lado, la dirección de comunicación de la PN tiene un gran reto al manejar esta crisis que no puede dividirse de la gestión operativa de la situación, pero si hay algo que pueden hacer desde ya, es asumir que como institución no podrán desligarse de un miembro que comete un crimen como este.
Si fuera lo contrario y el agente hubiera hecho un acto heróico, en lugar de un asesinato, los titulares de hoy serían otros y la PN se congratularía de su miembro y lo convertiría en una insignia de sus valores, por igual se debe asumir la responsabilidad de la calidad humana y moral de quienes integran sus filas cuando fallan y afrontar esta crisis con la mayor claridad posible.
Es imperativo asignar responsabilidades a todos los actores, por ejemplo ¿Dónde quedan los policías integrantes de la patrulla que estaban en el lugar y su manejo de la situación? ¿Por qué no fueron ellos quienes llevaron a la fallecida a urgencias?
¿Qué medidas inmediatas se tomarán a lo interno de la Policía para prevenir este tipo de incidentes? ¿Hasta qué punto es necesario que un policía fuera de servicio porte un arma?
Este caso debe ser un punto de inflexión, a partir del cual se generen cambios reales, de lo contrario, tendremos una población cada vez más impotente, dolida, con menos respeto por la “autoridad”, una sociedad aterrada de quienes deben protegerla, no habrá obediencia civil, se romperá ese contrato social tácito y el caos nos hará vivir otras desgracias de este tipo cuando no haya entendimiento ni confianza entre policías y ciudadanos.
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