En economía se utiliza un concepto muy importante conocido como Productividad Total de los Factores (PTF), el cual expresa la diferencia entre la tasa de crecimiento de la producción y la tasa media de crecimiento de los factores utilizados para obtenerla. Su importancia radica en que muestra el nivel de eficiencia con que funciona el sistema económico de cualquier país.

Al analizar de cerca el comportamiento de este indicador, encontramos notables diferencias entre los países de la región y las naciones desarrolladas. Como indica el Banco Mundial los niveles de productividad en las economías de mercados emergentes y en desarrollo siguen representando menos del 20 % del promedio de las economías avanzadas, y tan solo el 2 % en los países de ingreso bajo. Lamentablemente, la brecha en eficiencia productiva entre Occidente y nuestra región tiende a acrecentarse en un contexto global marcado por conflictos militares en marcha o latentes, sensibles alteraciones en las cadenas de suministro y volatilidad de los precios de los energéticos y materias primas básicas.

De hecho, los países latinoamericanos parecen avanzar hacia una regresión productiva desde 2018, según el comportamiento de este indicador. En particular, la República Dominicana mostró a inicios de 2023 una productividad total por debajo de la registrada en 2020, considerado el año de mayor crecimiento. La volatilidad del indicador en el caso dominicano, demanda acciones urgentes y correctamente enfocadas, tanto en la economía como en la sociedad, pues de otro modo sería imposible salir de los últimos vagones del tren del crecimiento y desarrollo regional.

Bajo estas premisas, resulta oportuno el Decreto presidencial núm. 337-24 que crea la «Comisión Meta RO 2036» para el diseño e implementación de un plan con el objetivo de desarrollar plenamente la República Dominicana, duplicando su Producto Interno Bruto (PIB) real para el año 2036.

Bajo el paragua de este mandato del ejecutivo, los ministerios de la Presidencia (Minpre), quien presidirá la comisión, y de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), junto al Consejo Nacional de Competitividad (CNC), tienen la complicada tarea de estudiar los elementos que inciden en la mejora sistémica de la productividad económica.

Este desafío implica recorrer el tortuoso camino del consenso intersectorial, tanto en lo público como en lo privado, especialmente porque la meta es duplicar el PIB en doce años.

Desde esta columna hacemos un llamado a esas instancias a las que se ha delegado la rectoría de tan compleja responsabilidad para que consideren la importancia central del sistema nacional de la calidad para las economías relativamente rezagadas orientadas al comercio internacional. Recordamos que este sistema fue instituido mediante la Ley núm. 166-12, una de las normativas más técnicas del país.

No puede perderse de vista que la necesidad de mejorar la productividad total de factores está en el foco de las políticas de competitividad, junto con políticas orientadas a promover el desarrollo productivo e impacto sectorial a través de programas estratégicos puntuales. Es improbable que ello pueda lograrse sin la inserción de los servicios técnicos que debería estar ofreciendo el Indocal a los sectores productivos nacionales, especialmente a los de mayor dinamismo e inclinación por la innovación y el desarrollo tecnológico.

Al igual que en Chile, Colombia y Brasil, se hace cada vez más importante avanzar hacia una estrategia que permita al país disponer de una infraestructura de calidad de clase global, comprendiendo cabalmente sus funciones técnicas (normalización, metrología -mediciones confiables-, y certificaciones de origen acreditado contra normas y reglamentos técnicos). Numerosos estudios demuestran la vinculación de los sistemas nacionales de calidad con los procesos de innovación, el acceso a mercados rigurosamente reglados, el ahorro de costos y las mejoras de eficiencia en general para las empresas.

En el plan de desarrollo a elaborar, que al final debe configurarse como una política de Estado de elevado consenso nacional que no pierda de vista las innumerables tareas pendientes en la Estrategia Nacional de Desarrollo, los pilares de este sistema, como los organismos de certificación de sistemas, productos y personas, las entidades de inspección, los laboratorios de ensayo, calibración y clínicos, y los entes de verificación del cumplimiento de requisitos, merecen una mirada crítica, un trato estratégico y una reconsideración objetiva de su importante e imprescindible rol en el incremento de la eficiencia económica.

Debemos entender que, desde hace ya varias décadas, la calidad ha dejado de ser una construcción subjetiva para convertirse en un conjunto de criterios mundiales negociables y susceptibles de mercadeo. Estos criterios son convertidos en normas consensuadas y reconocidas por los sistemas nacionales de calidad, garantizando así su aplicabilidad y aceptación global.

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