Rosalmy Nicaurys Guerrero, jueza de tránsito | Foto: Moisés Arias
La jueza para asuntos municipales del Distrito Nacional, Rosalmy Nicaurys Guerrero, consideró este sábado que la gran cantidad de multas de tránsito que reciben los conductores son un atropello, por la burocracia existente para purgarlas.
Guerrero explicó que en muchos casos las contravenciones son realizadas a personas que ni siquiera se encontraban en el país al momento de la infracción, y pese a comprobarse que efectivamente es una falsedad les resulta difícil sacarlas del sistema, por el riguroso proceso al que tienen que someterse.
La profesional del derecho propuso la creación de salas para tales fines, las cuales servirán como un paliativo a la situación, por el cúmulo de trabajo que se aglomera a quienes trabajan en los tribunales de tránsito.
“Hay personas con 10 páginas de multas, con 15 páginas de multas, eso es un atropello no solamente para la persona que tiene que esperar la audiencia, sino para los empleados del tribunal que están conociendo dos turnos de más de 50 audiencias… más de 100 audiencias por día”.
Sostuvo que le preocupa que en la actualidad hay una situación grave en cuanto a acceder a la justicia: "O sea, ahora en el 2010, con una Constitución que se supone dejó eso resuelto, retrocedemos nueva vez”.
Aseguró que la falta de una estructura en los órganos que imparten justicia han dificultado el recibimiento de justicia de parte de los ciudadanos.
La magistrada puso como ejemplo que hay personas que pierden la oportunidad de conseguir un empleo, ya que al archivarse una multa de tránsito a una persona esta también queda vetada de recibir documentos de no antecedentes penales, el cual es emitido por la Procuraduría General de la República (PGR).
Definió la situación como una irresponsabilidad del Ministerio Público, ya que el Código Procesal Penal establece el criterio de oportunidad, el cual puede ser solicitado al juez de tránsito por la entidad.
"No me puede decir a mí un Ministerio Público que tiene prohibido dar un criterio de oportunidad o archivar un expediente porque un superior se lo impide o no se lo permite", adujo Guerrero al tiempo de afirmar que el único superior para buscar una salida al conflicto es el Código Procesal Penal.
Durante su participación en La Gazeta de la Z, Guerrero deploró que el “ciudadano de a pie tenga que pagar unas multas que están desde el año 2006”.
Indicó que sus funciones como jueza no varían la situación, ya que el profesional está para impartir la justicia en base a las leyes que son creadas por el Poder Legislativo.
Calificó como una preocupación que en la evolución del derecho no hay muchos debates sobre la efectividad del acceso que tiene el ciudadano a la justicia, considerado como un principio fundamental.
