Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente | Foto: Kelvin de la Cruz
La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) informó ayer martes que realiza una investigación para identificar a los funcionarios responsables de permitir al reo Fausto Miguel Cruz de la Mota comunicarse vía telefónica con un medio de comunicación.
Cruz de la Mota, quien fue condenado a 30 años de prisión por el asesinato del exministro de Medio Ambiente Orlando Jorge Mera perpetrado en junio pasado, ofreció una entrevista ayer a un programa radial a través de un teléfono móvil desde el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo Hombres, en San Cristóbal.
La DGSPC dijo en un comunicado que las investigaciones están a cargo de la Subdirección de Seguridad e Inteligencia que dirige el coronel Manuel Polanco.
Sobre el particular, el presidente Luis Abinader calificó de "inaceptable" este lunes la acción permitida a Cruz de la Mota.
"Nos sorprendió esa situación que ocurría precisamente cuando sosteníamos nuestra reunión de los lunes en la Policía para darle seguimiento a las ejecutorias de seguridad ciudadana en el país", dijo Abinader durante acostumbrada rueda de prensa de los lunes, que ayer ofreció desde San Pedro de Macorís.
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Por otra parte, la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales aseguró que Cruz de la Mota ha recibido, desde su ingreso a prisión, asistencia médica por parte de los galenos del sistema y de centros de salud privados del país.
El organismo dijo que el confeso asesino de Jorge Mera ha sido consultado por especialistas de la salud, cuantas veces ha sido necesario. El reo se quejó durante la entrevista de que supuestamente no recibía las atenciones de salud requeridas.
La DGSPC recordó que es la autoridad penitenciaria responsable de evitar que las personas privadas de libertad continúen agrediendo a la sociedad durante el cumplimiento de su condena, y para esto lleva a cabo el Plan de Eliminación de Teléfonos no Autorizados en los centros penitenciarios del país, con el apoyo de la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Interior y Policía y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel).
"Como parte de este Plan ha sido posible el desmantelamiento de estructuras de conexión a internet que se encontraban habilitadas en los centros penitenciarios y la incautación de equipos de comunicación que eran utilizados por privados de libertad para cometer ilícitos", afirmó la DGSPC
