José Miguel Insulza | Foto: Chatham House
José Miguel Insulza, que como canciller de Chile defendió el regreso de Augusto Pinochet al país cuando el dictador fue detenido en Londres hace 20 años, aseguró hoy que volvería a hacerlo.
"En este caso haría hoy día exactamente lo mismo, creo que eso fue bueno para el país", afirmó a radio Cooperativa Insulza, actual senador socialista, en el 20 aniversario de la detención del dictador, a instancias del juez español Baltasar Garzón, quien buscaba extraditarle a España y juzgarle por crímenes de lesa humanidad.
Pinochet fue detenido en una clínica londinense mientras se recuperaba de una operación y el proceso se prolongó hasta marzo del año 2000, cuando el Gobierno británico lo devolvió a Chile, con el argumento de que su mal estado de salud no le permitía afrontar un juicio.
Según Insulza, también exsecretario general de la OEA, gracias al proceso de Londres Pinochet fue después juzgado en Chile y se abrieron muchas investigaciones por delitos de lesa humanidad que ocurrieron durante su dictadura (1973-1990).
"A partir de lo ocurrido en Londres se dio un proceso que ha permitido hacer mucha más justicia en Chile", afirmó Insulza, para quien era mayor la preocupación del Gobierno de la época, que presidía Eduardo Frei Ruiz-Tagle, por la situación interna que por lo que pasaba en Londres.
"Actuamos fundamentalmente en defensa de la soberanía nacional", sostuvo Insulza, lo que supone, explicó, "el derecho que tienen los países de fijar sus propias leyes y a desarrollar su propia justicia".
"Eso era considerado un requisito fundamental de la democracia que estábamos construyendo en esos momentos", remarcó, y refutó que la jurisdicción universal que exhibió Garzón para fundamentar su acción contra Pinochet, derivada del llamado Estatuto de Roma,"entró en vigencia solo en 2002 y recién fue aprobado por Chile en 2009″.
En tanto, en declaraciones a la misma radio, el ahora exjuez Baltasar Garzón sostuvo que la defensa de la jurisdicción chilena, para que el dictador fuese juzgado en Chile que hizo el Gobierno de Frei, "mostró gran confusión".
"Pienso que hubo una gran confusión. Por una parte, quizás puertas adentro eran favorables a la detención, y puertas afuera se debía mantener una posición política que conllevaba la recuperación de la persona o la devolución a la jurisdicción chilena", dijo.
"Digo confusión porque creo que se introdujeron elementos que aludían a la soberanía, a la territorialidad de la ley penal, cuando lo que estaba en juego era uno de los principios que han sido una conquista de la humanidad, no tanto de los jueces, que es el principio de jurisdicción universal", añadió.
"Cualquier hecho criminal contra la humanidad, como el genocidio, desapariciones forzadas, torturas, no pueden quedar impunes y ello con independencia de la nacionalidad de las víctimas", afirmó Garzón, para quien en el caso Pinochet "fracasó la política, y la justicia hizo lo que debía".
"Si hubo algo que fracasó fue la política, la justicia en este caso hizo lo que debía en aplicación del principio de la jurisdicción universal en defensa de las víctimas y de hecho el proceso de extradición en Londres continuó y se ganó", afirmó.
"No continúo adelante el proceso porque hubo una decisión política de Jack Straw (ministro del Interior británico) de devolución de Augusto Pinochet a Chile en atención a la aparente situación médica que tenía, es decir, la extradición en lo judicial se ganó, en lo político no", recalcó.
Al regresar a Chile, el 3 de marzo de 2000, Pinochet bajó del avión en silla de ruedas pero en seguida, sonriente, se puso de pie y caminó, agitando un bastón, mientras saludaba a partidarios que lo aclamaban, pero pronto comenzó su ocaso político, con su renuncia el siguiente mes de julio a su cargo de senador vitalicio.
El mismo año fue desaforado en el caso Caravana de la Muerte, pero el juicio, por la ejecución de cerca de un centenar de opositores en 1973, fue sobreseído por "demencia senil" del general en 2002 y cerrado definitivamente en 2005.
El mismo año, sin embargo, fue procesado por la "Operación Colombo", que fue un montaje para encubrir la desaparición de 119 opositores, y comenzó la investigación sobre el origen de su fortuna, tras descubrirse que poseía varias cuentas secretas en el exterior.
Al morir, en diciembre de 2006, seguía procesado por esos casos.
