Antonio Isa Conde | Foto: Ministerio de Energía y Minas
El inminente arranque de la industria de hidrocarburos en la República Dominicana podría cambiar estructuralmente la composición de la economía del país, con una nueva fuente de generación de riquezas e ingresos para el Estado, indica un estudio del Ministerio de Energía y Minas (MEM).
El ministro Antonio Isa Conde presentó hoy el "Informe de trabajos 2014-2018″ del MEM, que detalla el plan de trabajo y los pasos concretos hacia la industria de hidrocarburos, la minería sostenible, responsable, transparente y el desarrollo ordenado de las energías renovables.
El funcionario explicó que el país está prácticamente a la puerta de las primeras licitaciones para concesión de exploración y explotación de bloques petroleros identificados, de los que se tienen informaciones valiosas, como 21,500 kilómetros de líneas sísmicas, 1,490 mapas y planos, 812 perfiles sísmicos y 212 registros de pozo.
Se trata de "datos valiosos que a la fecha tendrían un costo de adquisición superior a los 145 millones de dólares", pero que el Ministerio pudo recuperar, organizar y sistematizar con una inversión de 540,000 dólares en total.
Este conjunto de información, que antes estaba dispersa y desordenada, ha venido a integrar la Base Nacional de Datos de Hidrocarburos (BNDH), respaldada por el primer reglamento de exploración y explotación en esa materia, con reglas claras para atraer inversión extranjera.
Además de otras normativas y resoluciones favorables al clima de inversión, el MEM tiene claramente definidas las áreas de interés que forman el sistema petrolero dominicano, que son las cuencas de Enriquillo, Azua, San Juan, San Pedro de Macorís, San José de Ocoa y Cibao Oriental.
Isa Conde explicó que, luego de diseñar los contratos y el esquema fiscal para un modelo de producción compartida, el MEM se encuentra evaluando las ofertas técnicas de nueve empresas de cinco países para contratar una consultoría para el acompañamiento de la primera ronda petrolera.
El MEM está centrado, además, en el impulso de un modelo de minería sostenible con base en una nueva legislación cuyo anteproyecto fue remitido al Poder Ejecutivo, y que asegura al Estado un mínimo del 40 % de la renta minera, y otra legislación que creará el Sistema Nacional de Gestión de la Renta Minera.
Otro paso firme hacia la minería sostenible es el protocolo para la fiscalización minera.
Con esta combinación de marcos legales no sólo se garantizará que el Estado reciba mayores ingresos de la industria extractiva, sino que asegurará que los fondos "se inviertan en proyectos de desarrollo y creación de empleos, especialmente en las zonas de donde se extraen los minerales".
En materia de energías renovables las concesiones se realizarán mediante licitación, dejando atrás la entrega grado a grado de los contratos de compra de energía (PPA, Power Purchase Agreement).
En materia de fortalecimiento institucional, el funcionario destacó que a finales de septiembre el MEM asumirá la rectoría del sector eléctrico, y será el encargado de diseñar y proponer todas las políticas públicas del sector, mientras que las empresas eléctricas estatales mantendrán su papel empresarial.
La CNE seguirá siendo un órgano operativo del MEM y la Superintendencia de Electricidad permanecerá como regulador, fortaleciendo su autonomía.
