El procurador fiscal titular de Santiago, José Francisco Núñez, informó este martes que el Ministerio Público logró que le fuera impuesto como medida de coerción el pago de RD$10 millones a los ejecutivos de la Cooperativa de Servicios Múltiples (Coopegas) por la explosión que causó la muerte a 13 personas en Licey al Medio, Santiago.
“Creo que el país y la Fiscalía de Santiago está de júbilo porque es la primera vez que en un hecho de esta naturaleza, por lo menos logramos una medida de coerción, porque más de 20 plantas de expendio de combustibles que han dado tragedias como ésta, nunca antes se había judicializado penalmente un caso y ya… los ejecutivos tienen medidas de coerción consistentes en 10 millones de pesos a cada uno”, manifestó al ser cuestionado sobre el seguimiento del referido caso.
Durante una entrevista telefónica en El Gobierno de la Tarde, Núñez detalló que al técnico de dicha cooperativa se le impuso presentación periódica e impedimento de salida del país.
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De igual forma, destacó que el magistrado a cargo del caso acogió la posición del Ministerio Público y lo declaró complejo.
“O sea, esta decisión marca un antes y un después en la persecución de ese tipo…. en la República Dominicana”, expresó.
En cuanto a la vigencia de la referida medida de coerción, el procurador titular de Santiago sostuvo que tiene una vigencia de 18 meses para presentar la acusación oficial.
Sobre porqué era necesario declarar el caso complejo cuando ya se tiene suficientes pruebas, aclaró que el hecho de que lo declaran complejo no significa que van a durar 18 meses ni un año para presentar las acusaciones oficiales, ya según dijo solo les faltan algunas certificaciones para hacerlo.
“O sea, que lo de lo complejo, mayormente se fundamenta por la pluralidad de víctimas y la pluralidad de imputados”, indicó.
En cuanto a las demandas a realizar por los familiares de las víctimas de la referida explosión, José Francisco Núñez dijo que para que estos sean parte del proceso, tendrán que depositar querellas que deben ser declaradas admisibles por el Ministerio Público, para que luego puedan adherirse a las acusaciones del referido órgano de justicia o que puedan presentar sus propias acusaciones.