Foto: Amaury Pineda
El Presupuesto Participativo (PP) es una institución que permite a los ciudadanos tener cierto nivel de control sobre el presupuesto que maneja su gobierno local. Desde su introducción, el PP ha sido implementado casi exclusivamente por gobiernos locales como los municipios. No obstante, como indican Baiocchi y Lerner (2007), el PP podría implementarse en entornos diferentes a los del gobierno municipal. Destacan que en las comunidades que brindan cierto grado de participación democrática, como escuelas, universidades y asociaciones de vivienda, el PP podría ayudar a estas instituciones a democratizar su propio presupuesto (Baiocchi y Lerner 2007).
La idea de implementar PP fuera del municipio ha encontrado un eco en la sociedad. Por ejemplo, la tercera experiencia de Canadá con el PP se implementó en la escuela primaria de West Vancouver (Chavez & Braathen 2006). En los Estados Unidos, el primer proceso del PP basado en la escuela secundaria comenzó en 2013 en Bioscience High School en Phoenix, Arizona (Cohen 2015); hubo otro en la MET High School, Sacramento, CA1 en 2016; y uno más en el Distrito Escolar de Phoenix Union High el mismo año (Brennan 2016).
Además, hay que tener presente que la implementación del PP fue posible gracias a una reforma de la constitución de Brasil en 1988 que descentralizó el control sobre el presupuesto estatal al transferir alrededor del 15 al 18 por ciento del gasto público a los gobiernos municipales (Weyland 1996 y Montero 2000).
Del mismo modo, en la República Dominicana, la Ley 140 de 1983 otorgó un 4 % del presupuesto nacional para ser distribuido entre todos los municipios. Luego, la Ley 17-97 indicó que el 40 % del presupuesto transferido a cada municipio debe gastarse en “gastos de capital e inversiones en obras para el desarrollo económico y social de sus respectivas comunidades urbanas y rurales” (Ley 17-97). Y fue esta disponibilidad de presupuesto combinada con un proyecto de participación ciudadana respaldado por una ONG, iniciado dos años antes, lo que permitió al municipio de Villa Gonzáles, DR, comenzar un proyecto de PP en 1999 (Castillo et al. 2004).
Desde la primera experiencia en Villa González, el PP se ha expandido por toda la República Dominicana. Se han transferido recursos adicionales a los municipios hasta el punto de que del 4 % original, los municipios ahora reciben el 10 % (aunque en la practica el gobierno central no cumple con esta ley) del presupuesto nacional desde 2005 (Ley 166-03). De hecho, en 2007, la RD se convirtió en uno de los pocos países que han elevado al PP a una ley nacional. En este sentido, fue la Ley 170-07 la que hizo que el PP fuera obligatorio para todos los municipios del país3.
Este proceso de descentralización también se ha expandido a otras ramas del gobierno. Por ejemplo, la Ley 66-97 estableció el proceso para la descentralización de la administración de la educación desde el Ministro de Educación hasta las Regiones, los Distritos y las escuelas en la República Dominicana (Ley 66-97). Más tarde, a través de la Resolución 0668-2011, los recursos financieros comenzaron a transferirse a las instituciones mencionadas anteriormente. Y aunque este proceso aún se encuentra en una etapa de desarrollo, la realidad es que hoy en día muchas escuelas disfrutan del poder de decisión sobre cómo gastar su presupuesto asignado.
Un proceso similar se llevó a cabo en la ciudad de Chicago, Illinois, cuando en 1988, la legislatura de Illinois aprobó una ley que descentralizaba y abría el gobierno de las escuelas de Chicago para dirigir formas de participación en los vecindarios, creando consejos escolares compuestos por padres, maestros y estudiantes (Fung & Wright 2003). Así, la descentralización del aparato de la escuela pública ha existido durante varias décadas.
Si bien este proceso de descentralización en la RD ha abierto la puerta a una mayor responsabilidad y empoderamiento (en la medida en que uno se siente capaz de influir en los sistemas sociales y políticos que son importantes para ellos (Zimmerman et al 1992), la inclusión y participación de los estudiantes son todavía muy limitadas.
Por otra parte, las oportunidades para la autodeterminación presupuestaria y los controles y balances se han extendido a la administración de la escuela, pero no así a los estudiantes. Y esta situación no debería ser sorprendente dado que los jóvenes han sido históricamente un segmento marginado, desconectado y sin poder. Por lo general, esto sucede porque los jóvenes están excluidos de participar en la mayoría de los procesos políticos y se le niegan muchos derechos otorgados a la mayoría de los adultos (Bessant 2004). Por lo tanto, la participación de los estudiantes en el proceso de toma de decisiones es difícilmente esperada.
Entiendo que los directores de escuelas pueden no estar interesados en este tipo de proyecto de democracia participativa porque podría disminuir su poder discrecional sobre el presupuesto escolar. Los artículos 28 y 29 de la Resolución 0668-2011 de la RD enumeran los elementos en los que se puede gastar el presupuesto escolar. Estos artículos van desde suministros de oficina a proyectos de infraestructura. Y aunque se supone que al menos un estudiante debe ser parte del consejo escolar, la autorización de estas compras solo requiere la firma del presidente y el secretario del Consejo (Resolución 0688-2011 Art. 30).
Opino que el PP es una gran idea para implementarse en las escuelas que son parte del modelo de tanda extendida. Una de las quejas frecuentes que se le hace al modelo es que carece de currículo para llenar el tiempo. En este sentido, el PP escolar puede llevarse a cabo durante los horarios de la tanda extendida y los beneficios de este son incalculables.
En primer lugar, el PP escolar educa a los jóvenes en la administración de un presupuesto, a como priorizar necesidades con recursos limitados, a reclamar transparencia y ser transparentes en el uso de recursos públicos, el PP puede ayudar a sembrar el espíritu de la democracia participativa, a fomentar el capital social en los más jóvenes, el PP puede ayudar a que los recursos destinados a las escuelas se empleen en solucionar los problemas de los estudiantes, etc.
Empoderemos a los y las dominicanas desde su juventud. Ya lo dijo Pitágoras “Educa a los niños y no tendrás que castigar a los hombres”. El PP es una gran herramienta institucional para fomentar en los más jóvenes los valores democráticos que tanta falta hacen en el hacer político dominicano.
Referencias
Baiocchi, G. & Lerner, J. (2007). Could Participatory Budgeting Work in the United States? The Good Society 16.1: 8-13.
Bessant, J. (2004). Mixed messages: Youth participation and democratic practice. Australian Journal of Political Science, 39(2), 387-404.
Brennan, A. (2016) “Phoenix Schools Are Making History AGAIN with PB.” October 20, Participatory Budgeting Project, disponible en: https://www.participatorybudgeting.org/phoenix-schools-are-making-history-again-with-pb/
Castillo, J., Cid, M. A., Martínez, L., Auradou, A., and Kohnen, F. (2004) “El Presupuesto Municipal Participativo: Guía Metodológica. La Experiencia de Villa González.” Fundación Solidaridad. Santo Domingo: Editorial Gente.
Chavez D. & Braathen E. (2006). “Progressive Cities” Noweweagian Institute for Urban and Regional Research (this is an unedited chapter available at https://www.tni.org/es/node/13963#26a)
Cohen, M., D. Schugurensky and A. Wiek (2015). Citizenship Education through Participatory Budgeting: the Case of Bioscience High School in Phoenix, Arizona. Curriculum and Teaching, Volume 30, Number 2, pp. 5-26.
Fung, A. and E.O. Wright. (2003). Deepening Democracy: Institutional Innovations in Empowered Participatory Governance, London: Verso.
Montero, A. P. (2000). “Devolving Democracy? Political Decentralization and the New Brazilian Federalism.” In “Democratic Brazil: Actors, Institutions, and Processes” ed. Kingstone, P. R. & Power. T. J. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press.
Weyland, K. (1996) “Democracy Without Equity: Failures of Reform in Brazil” Pitsburgh: University of Pittsburgh Press.
Zimmerman, M. A., & Rappaport, J. (1988). Citizen participation, perceived control, and
psychological empowerment. American Journal of Community Psychology, 16, 725-750.
Z Digital no se hace responsable ni se identifica con las opiniones que sus colaboradores expresan a través de los trabajos y artículos publicados. Reservados todos los derechos. Prohibida la reproducción total o parcial de cualquier información gráfica, audiovisual o escrita por cualquier medio sin que se otorguen los créditos correspondientes a Z Digital como fuente.
