Justicia | Foto: Pixabay
Un grupo de jóvenes abogados y estudiantes de Derecho expresó, mediante un manifiesto, que se une a las denuncias hechas por diversas instituciones y ciudadanos ante el “atropello” que se ha estado impulsando desde esferas del poder político en contra de jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), del Tribunal Superior Electoral (TSE) y de manera más sutil, del Tribunal Constitucional (TC).
“Ciertamente la Cámara de Diputados y El Senado de la República Dominicana ostentan atribuciones para interpelar funcionarios públicos, pero dicha interpelación debe elevarse sobre la base de fehacientes e indiscutibles faltas graves, en el ejercicio de las funciones de los servidores públicos en cuestión. Tal y como lo establece el artículo 83 de la Constitución de la República Dominicana”, indica el documento.
El manifiesto de la Asociación Dominicana de Profesionales y Estudiantes de Derecho (ADED), lo firman Antonio Figueroa Pontier, Ángela Mendoza, Dayanara Martínez, Alexandra Martínez Holguín, Robert Cabrera Cuevas, Laura Ramírez Paulino, Cindy Torres y Leny Pascual.
No obstante a estas atribuciones –explica el comunicado- las decisiones judiciales manifestadas en sentencias y el juicio independiente de los jueces, jamás deben ser objeto de cuestionamientos por razones puramente políticas, y que para eso están las apelaciones y las demás vías que nos facilita la Justicia.
“Ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo tienen razones para interpelar a un juez, que motivó su sentencia, desde su más íntima convicción y bajo el amparo de la ley. Permitir esta infundada interpelación, en medio de la construcción de nuestra democracia, es seguir dándole curso a la desnutrición de un Estado de derecho que por demás está famélico”, agrega.
Recuerda el grupo de jóvenes, que la reciente intención de “desmoralizar la figura” de la magistrada Miriam Germán Brito, ha sido uno de los actos más bajos y más repudiados por la sociedad “consciente e informada” de la República Dominicana.
“Pese a este acto injusto y ruin, hoy, otros jueces están siendo atropellados por personas a las cuales se les ha delegado mucho poder, gente que se supone no pueden intervenir o influenciar en las decisiones de los jueces. Gente que están impedidas por mandato constitucional, de inmiscuirse en las decisiones de otros Poderes del Estado”, señalan.
