José Ramón Peralta reunido con funcionarios y campesinos de El Seibo I Foto Presidencia de la República
El Gobierno reveló que alcanzó un acuerdo con productores de la sección Vicentillo, El Seibo, para iniciar en esa provincia terrenos con vocación agrícola, luego de que una comisión oficial constatara que las tierras que ocupaban nunca han sido propiedad del Estado.
Así lo informó en rueda de prensa el director de la Comisión Permanente de Titulación de Terrenos, José Dantés Díaz, quien encabezó la comisión integrada por otros funcionarios del sector.
El funcionario destacó que además de la localización de terrenos, a los agricultores se les proveerá de insumos agrícolas, semillas, plantas y asesoría gratis para que continúen la producción.
"El levantamiento de las ocupaciones de los campesinos y las mediciones catastrales, verificación de títulos de propiedad y el censo social, confirman que las parcelas que ocupaban los agricultores de Vicentillo, nunca han sido propiedad del Estado dominicano; sin y siempre fueron propiedad privada, dijo Dantés.
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Explicó que los terrenos ocupados, reclamados por los agricultores agrupados en la Unión de Productores Agropecuarios Mamá Tingó, no se corresponden con las parcelas indicadas en la intención gubernamental expresada a través del decreto 486 del año 1975, que pretendía realizar un asentamiento agrario en esa zona.
"Ni los terrenos involucrados en el citado decreto, ni los adyacentes, también ocupados por los campesinos, fueron ni han sido propiedad del Estado dominicano", remarcó el funcionario.
Informó que el proceso de expropiación, resarcimiento y creación del asentamiento, nunca fue llevado a cabo, por lo que no existe formalidad alguna que acredite como propietario a ninguno de los reclamantes.
La investigación oficial determinó que en marzo de 1975 el entonces presidente Joaquín Balaguer emitió el decreto 486 declarando de utilidad pública e interés social la adquisición de una porción de terrenos con una extensión de 1,845.05 tareas de tierra, ubicadas en 24 parcelas con un área total de 20,019 tareas, propiedad de Pedro Zorrilla.
Consideró que el Estado debió actuar amparado en la ley 344-43, en la cual se conserva la figura de la expropiación, que consiste en la transferencia de la propiedad privada, desde su titular al Estado, por causas debidamente justificadas de utilidad privada o interés social, teniendo el Estado la responsabilidad de indemnizar con el justo precio para la transferencia de la propiedad.
