El Gobierno de Nicaragua informó este martes de que está cumpliendo con su parte para resolver la crisis local al presentarse a la mesa de negociación, pese a la ausencia de su contraparte, la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.
«Estamos en el local sede de las conversaciones, cumpliendo con nuestra responsabilidad y compromiso de discutir todos los temas propuestos en el proyecto de agenda que se ha hecho público», informó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
Por segundo día consecutivo la delegación del Gobierno, encabezada por el canciller Denis Moncada, asistió a la mesa de negociaciones, mientras que los representantes de la Alianza se ausentaron.
La Alianza anunció el domingo pasado su retiro de las negociaciones y se mostró dispuesta a retornar «una vez que el Gobierno de Nicaragua brinde al país muestras contundentes para encontrar soluciones integrales a la crisis que vive el país y que contribuyan al ambiente de paz».
Entre las muestras de «buena voluntad» que reclama la Alianza al Gobierno está la liberación de los manifestantes presos por participar en protestas contra el presidente Daniel Ortega, el cese de la represión y «secuestros», así como del hostigamiento a los familiares de los convictos.
La alianza también demanda plena observancia y respeto a los estándares internacionales para el tratamiento de los «presos políticos», para evitar que estos sigan recibiendo tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como la pronta asistencia médica de los detenidos.
El movimiento opositor tomó la decisión luego de la negativa del Episcopado a participar como «testigo y acompañante» del diálogo y, ante supuestas tácticas dilatorias para evitar los temas centrales por parte del Gobierno, que mostró su agenda el fin de semana, fuera del marco de las negociaciones, cuando la Alianza estaba a punto de anunciar su retiro de la mesa.
La delegación gubernamental ratificó en el comunicado el «invariable compromiso del Estado nicaragüense, con la mesa de conversaciones, según lo acordado en la hoja de ruta firmada el día 5 de marzo del 2019», que no incluye la discusión de los temas centrales, como son la justicia para las víctimas de la crisis y el retorno a la democracia.
La apertura del Gobierno se da cuando penden sobre Nicaragua sanciones de Estados Unidos con la Ley Magnitsky Nica y la amenaza de la Unión Europea de otras medidas similares contra Ortega y sus allegados.
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325 muertos desde abril del año pasado, de acuerdo con la Comisión Interamericano de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos locales humanitarios elevan a 561 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
Organismos humanitarios además reportan de 340 a 777 detenidos, cientos de desaparecidos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio.
El Consejo Permanente de la OEA ha comenzado a aplicar la Carta Democrática Interamericana (CDI) a Nicaragua, lo que podría culminar con su suspensión del organismo continental.
