| Foto: EFE/ EPA/ ABIR SULTAN
La pandemia por COVID-19 puso al descubierto las carencias y desigualdades de la seguridad social y la necesidad de una reforma integral, de acuerdo a una investigación de la Fundación Juan Bosch.
Establece que con la peor crisis de las últimas décadas en el país y el mundo, que ha dejado en el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) una baja de hasta 9,082 empleadores y 313,933 cotizantes menos al mes de junio, entre los meses de enero y septiembre del 2020, las AFP del país han acumulado ganancias por RD$ 3,400 millones, superiores a las obtenidas en igual período en los años 2016, 2017 y 2018, con ganancias acumuladas por RD$ 43 mil 168 millones desde el 2004.
El documeto indica que las ARS privadas, a las que el Estado dominicano ha tenido que financiarles las coberturas no consideradas por COVID-19 extrayendo recursos de los fondos de riesgos laborales, han acumulado ganancias por RD$ 14,897 millones de pesos, contando solo hasta marzo de 2020. Entre AFP y ARS a finales del 2019, ya habían consumido más de RD$122 mil millones entre beneficios y gastos ajenos a la salud y las pensiones de la ciudadanía.
Argumentó que el negocio en el SDSS, su funcionamiento y la relación directa entre ganancias, desprotección y pérdida de derechos por parte de la ciudadanía, es lo que se muestran, con una radiografía a fondo, en la nueva edición del libro “Del Negocio Seguro a la Seguridad Social”, los investigadores y escritores, Matías Bosch Carcuro y Airon Fernández Gil desde la Fundación Juan Bosch.
“Nada de esto es casual ni por falta de recursos, ni tiene por qué ser así, sino que es el resultado de las políticas y la ley que se han estado aplicando, incluyendo el nuevo esquema de comisiones que se estableció en febrero y presentado como una victoria para la sociedad, que han convertido las pensiones y la salud en un negocio multimillonario, en manos de las AFP, ARS, empresas de seguros y prestadores privados, a costa de la clase trabajadora y del 95 % de empleadores que son mipymes”, indicaron los autores Bosch Carcuro y Fernández Gil.
Desde su perspectiva, debido a los intereses de los grupos con poder económico en el país, se están violando la Constitución y los tratados internacionales que el Estado ha firmado, ya que no se está garantizando a la población un beneficio definido justo y digno en pensiones y la salud se está administrando de manera segregada entre la población según criterios discriminatorios por edad, género y capacidad económica, como si fuera “una mercancía y no un derecho”.
En este escenario, sostienen que mientras se mantenga la capitalización individual y las AFP sean en la práctica las verdaderas dueñas del dinero, el país está condenado a tener las peores pensiones de América Latina, como advirtió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), si no siguen las recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en cuanto a desprivatizar el sistema.
Asimismo, afirmaron que el país tampoco verá realizado el 5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para la Salud Pública como ordena la Ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, como tampoco cambiarán las faltas de cobertura ni los altos copagos y que no habrá un verdadero primer nivel de atención con enfoque preventivo.
La nueva edición del libro “Del negocio seguro a la seguridad social” fue puesto en circulación en una actividad virtual con la participación de activistas nacionales y expertos internacionales, y está disponible de manera gratuita en versión digital en el sitio web de la Fundación Juan Bosch.
