La líder opositora Keiko Fujimori (c) en la Sala Penal Nacional | Foto: EFE/Cortesía Poder Judicial del Perú
El fiscal general de Perú, Pedro Chávarry, fue interrogado por el fiscal contra el lavado de activos José Domingo Pérez como parte de las investigaciones contra la líder opositora Keiko Fujimori en un caso de presunto lavado de activos.
Al término del interrogatorio, que se realizó en el despacho del fiscal general, Pérez declaró a periodistas que se trata de una investigación reservada y que obtuvo "respuestas sobre los hechos que son objeto de la investigación".
"No puedo adelantar más que eso porque el desarrollo de la investigación es reservado", acotó antes de señalar que, tras dos horas, se decidió que la diligencia continuará en otra fecha aún por determinar.
"Se ha dejado constancia de que la diligencia se va a continuar, no ha concluido el acto, se ha suspendido para concluir en una próxima oportunidad", sostuvo antes de indicar que en la diligencia también participaron el abogado de Chávarry, la abogada de Fujimori y representantes de la Procuraduría del Estado.
Chávarry fue interrogado como testigo dentro de la investigación que se sigue a Fujimori por presuntamente haber recibido aportes ilegales de la constructora brasileña Odebrecht para su campaña presidencial de 2011.
Medios locales señalaron que el fiscal general debía responder unas 70 preguntas sobre sus presuntos vínculos con la bancada en el Congreso del partido fujimorista Fuerza Popular y el apoyo que esta le habría dado, tal como se desprenden de conversaciones por chat que fueron difundidas por la prensa.
Un testigo protegido de la Fiscalía entregó las conversaciones del grupo conformado por la cúpula de Fuerza Popular, en las que se manifiesta el apoyo a Chávarry ante los pedidos, incluido del presidente Martín Vizcarra, para que deje el cargo o sea destituido por sus presuntos vínculos con una organización criminal al interior de la Judicatura conocida como "Los cuellos blancos".
Chávarry rechaza ese vínculo y sostiene que es víctima de "un linchamiento político y mediático" por su decisión de apoyar las investigaciones contra la corrupción.
El fiscal Pérez sostiene que Keiko Fujimori y diez de sus colaboradores integraron una organización criminal enquistada en la cúpula del partido Fuerza Popular para captar dinero ilícito con el que alcanzar el poder, y desde ahí retribuir los favores con actos de corrupción.
Entre el dinero presuntamente ocultado bajo esta modalidad está el millón de dólares que Odebrecht afirmó haber entregado a la campaña de Fujimori, aparentemente desde la cuenta oculta con la que pagó sobornos en al menos doce países de Latinoamérica.
Como parte de esta investigación, el juez Richard Concepción Carhuancho impuso 36 meses de prisión preventiva a Fujimori y a sus asesores más cercanos, mientras Pérez continúa con las pericias e interrogatorios, en los que ha incluido a más de 500 personas.
