Julio Santana
En pocos días, la Junta Central Electoral iniciará formalmente la decimosexta elección presidencial del país en los últimos cincuenta y ocho años. Este evento democrático verá la competencia de los tres partidos principales, apoyados por numerosas agrupaciones políticas, algunas de las cuales llevan candidaturas independientes. El financiamiento de estas campañas electorales representa un costo para los contribuyentes superior a los 27 mil millones de pesos, sin incluir los aportes de fuentes privadas, que carecen de controles estrictos por parte de las autoridades.
El proceso electoral actual destaca por la notable inclusión de mujeres como candidatas a la presidencia y vicepresidencia, aunque continúan siendo minoría entre los aspirantes a senadurías, evidenciándose una mayor representación en las diputaciones. Esta creciente participación femenina, junto con su formación y conocimiento de la situación nacional, que se hicieron patentes en el último debate electoral, constituye un avance significativo para nuestro defectuoso modelo de democracia representativa, tradicionalmente dominado por hombres, especialmente a nivel congresual. Aunque el país aún no ha visto a una mujer ocupar la jefatura del Estado, esta posibilidad ya no parece tan lejana como en años anteriores.
En cuanto a las partidos políticos participantes, el PLD ha gobernado durante 20 años (cinco períodos), cifra que solo iguala el PRSC bajo el liderazgo de doctor Balaguer, quien completó tres períodos consecutivos en los años sesenta y dos más entre 1986 y 1994. El PRD, precursor del actual partido gobernante, administró la nación entre 1978 y 1986, y nuevamente en 2000-2004. Por último, de lograrse la reelección, nos encontraríamos ante una segunda gestión consecutiva del PRM y del presidente actual, el economista Luis Abinader Corona.
Cada uno de estos partidos ha dejado su huella en la historia política dominicana.
Los gobiernos del PRSC fueron notorios por sus significativas obras de infraestructura, aunque también se destacaron por una represión política brutal durante la Guerra Fría y casos evidentes de corrupción limitados a un círculo cercano al poder.
Los gobiernos del PRD, por su parte, introdujeron niveles de endeudamiento extremos y gestionaron pobremente la economía, lo que condujo a una de las peores crisis bancarias del país, con alta inflación, endeudamiento persistente del Banco Central, deterioro de las cuentas externas, devaluación cambiaria, quiebra de cientos de empresas y una pérdida generalizada de las expectativas económicas. En su segunda administración (1982-86), el país se vio forzado a acudir a programas de ajuste y estabilización del FMI, enfrentando el repudio y las protestas de la población. Esta etapa es recordada como la «década perdida» para la República Dominicana, al igual que para la mayoría de los países latinoamericanos.
El primer gobierno del PLD (1996-2000) destacó por ser uno de los más efectivos: se iniciaron reformas normativas e institucionales profundas, se recuperaron los principales indicadores macroeconómicos y financieros, y se gestionó el endeudamiento de manera moderada, considerando la herencia económica recibida. Durante el segundo y tercer mandato de este partido (2004-2012), se continuó con la promulgación de leyes fundamentales y se lanzó un ambicioso programa de construcción de infraestructuras clave en la capital y otras zonas, mejorando notablemente la conectividad entre las principales ciudades del país. Además, se implementaron importantes programas sociales.
Durante este período se desarrolló la Visión País (Estrategia Nacional de Desarrollo) y se aprobó una nueva constitución, considerada una de las más completas de la región. Sin embargo, los actos de corrupción administrativa, la inacción de los órganos competentes, el clientelismo arraigado y un distante estilo presidencial opacaron estos logros gubernamentales.
Su sucesor, Danilo Medina, se concentró en iniciativas sociales y la continuación de algunos proyectos de su predecesor, además de la construcción de importantes obras de infraestructura. Sin embargo, no logró demostrar la integridad y moralidad esperadas, concluyendo con un mandato percibido como uno de los más corruptos en la historia reciente del país. Aunque no todas sus acciones fueron irrelevantes y sí presentó emprendimientos sociales y económicos significativos, su estilo marcadamente clientelista y la propensión evidente de parte de su cúpula política al enriquecimiento personal terminaron inflando desmedidamente el costo de muchas obras y programas.
La gestión de Luis Abinader (2020-2024) se caracteriza por un manejo prudente de la economía nacional en un contexto internacional complejo e incierto. Bajo su administración, se han construido viviendas accesibles para miles de familias dominicanas; reducido la pobreza monetaria; continuado con la ampliación del Metro de Santo Domingo y mejorado el acceso a los servicios de salud para pacientes con enfermedades catastróficas.
Además, se completaron numerosas iniciativas estatales importantes, como la construcción de puentes, caminos agroforestales, pavimentaciones, bordillos, aceras, centros CAIPI, viviendas entregadas y reparadas, hospitales, centros de diagnóstico y atención primaria, museos, centros tecnológicos y universitarios regionales de la UASD, viviendas ecológicas, terminales de cruceros, instalaciones deportivas, sistemas de acueductos y depósitos, así como mejoras en canales de riego y drenajes.
En adición se han realizado mejoras significativas en el Programa de Alimentación Escolar (PAE-INABIE), que ahora incluye la provisión temprana de útiles escolares para toda la población estudiantil (688,477 kits entregados) del sistema público, además de extender el alcance de la alimentación con mejores valores nutricionales a una proporción cada vez mayor de la misma (954.6 millones de raciones entregadas y 6,937 centros educativos atendidos en 2023).
El gran mérito de la presente administración ha sido el encomiable trabajo del Ministerio Público, que inició de manera valiente y autónoma decenas de procesos judiciales para desenmascarar una red compleja de actividades de corrupción administrativa indudablemente dirigidas desde el mismo palacio nacional, estableciendo un precedente importante en el camino hacia la administración moral que la ciudadanía demanda.
Además, es importante destacar que el propio presidente ha enfrentado denuncias de corrupción y malas prácticas administrativas en su gobierno, marcando una diferencia significativa con su antecesor, Danilo Medina.
Así que tenemos varios platos fuertes para elegir. No dejemos que nuestras convicciones sean cambiadas por ofrecimientos pasajeros y votemos con la convicción de que estamos eligiendo lo mejor tomando siempre en cuenta las conductas, ejecutorias pasadas, experiencia de Estado y comportamientos morales de los contendientes.
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