Juan TH | Foto: Kelvin de la Cruz
Finalmente, después de muchos años de indignación y de impotencia, el gobierno que encabeza Luis Abinader terminó con el oneroso peaje sombra que tantos miles de millones de pesos le costaba todos los años al pueblo dominicano.
La carretera de la muerte, no autopista, que conduce a Samaná, constituyó, desde que se hizo la licitación en 1999 con Leonel Fernández de presidente de la República, sancionada por el presidente Hipólito Mejía en el 2001 por 125 millones de dólares y aprobada por el Congreso en el 2002, y puesta en ejecución en el 2005 cuando Leonel volvió a la Presidencia del país para ser inaugurada en el 2008 por más de 300 millones de dólares junto con el boulevard del Atlántico, en el tercer mandato del PLD y de Fernández, obligando al pueblo a pagar a pagar más de 26 mil millones de pesos. ¡Y lo que faltaba antes de que se venciera el contrato en 1933!.
El presidente Luis Abinader anunció la semana pasada el fin del contrato con la concesionaria, economizándole al Estado, según explicó el mandatario, alrededor de mil 50 millones de dólares, provocando el respaldo casi unánime de la ciudadanía, elevando así su credibilidad y nivel de popularidad. ¡No es para menos! Durante más de 16 años la población estuvo protestando y rechazando el “peaje sombra” no sólo por lo que le costaba al Gobierno, sino por lo mucho que pagaban los conductores para trasladarse al nordeste, específicamente a la provincia de María Trinidad Sánchez y Samaná. (El presidente Abinader dispuso una rebaja del peaje de un 20 % mientras recupera la inversión de los 400 millones de dólares).
La carretera, además de peligrosa y muy costosa para los conductores, menos para la empresa beneficiada con el contrato y para sus socios ocultos, cuyos nombres nunca han sido citados por la prensa ni por ninguna autoridad competente. ¡Ya es hora! Sí, ya es hora de que le digan al pueblo quienes firmaron y pusieron en práctica un contrato tan leonino; un robo, una estafa, un desfalco, un crimen. Tenemos derecho a saber en qué circunstancias, y por qué, se firmó un acuerdo de esa naturaleza. No creo, lo digo sinceramente, que fuera de gratis. En este país nada es gratis, todo tiene un precio, un costo, uno o varios beneficiados.
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La pregunta del millón: ¿Quién recibía el “soborno sombra”? ¿Quién se enriquecía cada año con el “peaje sombra” de miles de millones de pesos?
El doctor Enmanuel Esquea Guerrero, un abogado prestigioso, referente ético de la profesión y de la ciudadanía, considera que hay razones y motivos para realizar una investigación sobre el contrato para la construcción de la carretera de la muerte Juan Pablo ll que conduce a Samaná. ¿La hay? Y si la hay, ¿por qué no poner en manos del ministerio público el expediente para que los responsables de tan gigantesca estafa sean sometidos a la justicia y enviados a la cárcel para terminar con la maldita impunidad de una vez y por toda? No es tal difícil, solo hay que seguir el dinero de los que patrocinaron un contrato tan espurio.
¿“La casa pierde y se ríe”? El Estado, es decir el pueblo, perderá 36 mil millones de pesos así como así? ¿No habrá justicia? ¿Nadie pagará por un robo tan burdo y descarado? ¿En serio? ¡No lo puedo creer! Así como el presidente Luis Abinader tuvo el coraje y el acierto de parar ese robo contra el Estado, el Ministerio Público tiene que tener la gallardía de iniciar una pesquisa exhaustiva y determinar responsabilidades.
El pueblo, el más perjudicado, tiene que levantarse -insisto- y reclamar, en las calles si es preciso, que se haga justicia, que el “soborno sombra” no se quede en la sombra.
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