Durante la gestión gubernamental pasada, hasta antes de la pandemia, las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) aplicaban lo que se conoce como “gestión de demanda”, lo cual, para mejor entendimiento es la programación de apagones en zonas donde no se paga el servicio.

De esta forma, las EDE Norte, Sur y Este, lograban varios efectos a la vez. De un lado establecían una categorización de sectores donde se paga en servicio, a los cuales ofrecía 24 horas de suministro garantizadas, mientras que a los sectores donde no se paga, les programaba apagones en horarios específicos, a los fines de ahorrar recursos o reducir perdidas, por un lado y, de otro lado, motivar a esas localidades a interesarse por apoyar la regularización del su servicio.

Cuando llegó la pandemia del covid-19 en 2020 el Gobierno pasado dispuso el suministro 24 horas para todos los sectores por igual, pues la gente estaba acuartelada y no era posible seguir con la programación de apagones por diferenciación de los que pagan y no pagan el servicio.

Con el cambio de mando gubernamental, el presidente Luis Abinader dispuso que se continuara ofreciendo 24 horas de servicio eléctrico a todos los sectores por igual, como forma de garantizar que el año escolar sea más efectivo mediante clases virtuales por radio y televisión y de que se pudiera dinamizar la economía en los barrios marginados donde hay muchos negocios informales que necesitan electricidad.

Pero la medida continuó, aun luego de superada la pandemia, por lo que las EDE han estado suministrando 24 horas de servicio eléctrico a todos los sectores, independientemente de que paguen o no el servicio o de que sean zonas con medidores o sin ellos.

¿Resultado? Las pérdidas de las EDE han ido aumentando de manera constante, al punto que el año pasado el Gobierno llegó a un récord se gastos en subsidio eléctrico por el orden de los RD$99,315 millones, mientras que este 2023 va por un camino similar.

Además, el otro efecto negativo de pretender suministro constante y completo a todos los sectores por igual se ha convertido en un “desincentivo” a los sectores donde no hay medidores para procurar su apoyo a la regularización. Ya las juntas de vecinos de esos sectores no se interesan en que las EDE lleven planes de regularización e instalación de medidores, porque, de todos modos, tienen servicio 24 horas sin pagar por lo que reciben.

De otro lado están los que sí pagan el servicio, a los cuales el Gobierno les cargó ajustes trimestrales en la tarifa eléctrica hasta mediados de 2022, con lo que están en la doble situación de que tienen que pagar el servicio y de que ese servicio es más caro, pero sin ninguna compensación a cambio, pues las horas de luz que reciben es la misma cantidad que tienen aquellos sectores donde no se paga.

Ahora, cada vez que se producen quejas de apagones o de altas facturaciones injustificadas, las autoridades responden diciendo que se trata de averías porque las redes se sobrecalientan debido a que las EDE están suministrando entre 98 % y 99 % de electricidad a toda la población en general; como si eso fuera un logro, cuando en realidad es una forma inequitativa de regalar un servicio caro a una parte de la población, mientras se le cobra mucho más a los segmentos que sí están obligados a pagarla.

La gestión de demanda o apagones programados no era una operación negativa. Todo lo contrario, procuraba que la ciudadanía se sintiera motivada a que las EDE les regularizaran su situación de reparación de redes e instalación de medidores, a los fines de aumentar su categoría de C a B y de B a A, para entrar en el renglón de los sectores 24 horas.

En la actualidad lo que existe es una generalización de un servicio que no puede generalizarse y eso se está pagando con más gasto en subsidio y con un mayor deterioro de las redes de electricidad que se sobrecalientan en los sectores vulnerables donde las EDE no están invirtiendo ni un centavo para regularizarlos, porque, de todos modos, hay que darles 24 horas de luz.

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