Gustavo Petro | Foto: Presidencia de Colombia
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, firmó este miércoles un decreto de convocatoria a consulta popular, pese a que el Congreso rechazó la propuesta en mayo. La decisión ha sido fuertemente cuestionada por juristas, opositores y organizaciones civiles, que advierten sobre un posible quiebre de la separación de poderes.
El decreto será ahora revisado por la Corte Constitucional, que deberá determinar su validez legal.
La medida se da en medio de un clima de alta polarización política y una semana marcada por el atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien permanece en estado crítico tras recibir múltiples disparos el sábado pasado.
La consulta propuesta por Petro busca dar respaldo popular a reformas laborales, una de sus principales promesas de campaña, y cuya aprobación ha sido bloqueada en el Legislativo. El Congreso rechazó la consulta en mayo, pero Petro alega que hubo irregularidades en la votación del Senado, como un voto mal registrado y una sesión anormalmente corta, lo que a su juicio invalida el resultado.
"La decisión del Senado no es válida", declaró el mandatario al justificar el decreto. Sin embargo, expertos en derecho constitucional han advertido que solo la justicia puede revisar y anular actos del Congreso.
“El decreto es una clara violación a la Constitución. El Ejecutivo no puede sustituir al Legislativo”, advirtió en la red social X el exconstituyente Humberto de la Calle.
Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, afirmó que si el Congreso aprueba la reforma laboral antes del 20 de junio, el decreto quedaría automáticamente derogado. Según explicó, hoy era el último día hábil para firmarlo.
El "decretazo", como ha sido apodado, representa uno de los momentos más tensos entre Petro y el Congreso desde su llegada al poder en agosto de 2022. Aunque el presidente de izquierda fue elegido con una agenda de transformación, muchas de sus reformas han sido bloqueadas por falta de consensos, y este nuevo movimiento es visto por críticos como un desafío directo al orden constitucional.
