Néstor Saldívar
Por Néstor Saldivar
Abogado en República Dominicana
Consultor migratorio en Utah, Estados Unidos
El 20 de enero de 2025, el presidente Donald Trump firmó la orden ejecutiva Protecting the American People Against Invasion, que obliga a los inmigrantes en Estados Unidos a registrarse ante el gobierno federal, cumpliendo con el requisito de la Sección 262 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA). La medida exige que cualquier extranjero mayor de 14 años que no haya sido registrado ni tomado sus huellas al solicitar una visa y que permanezca en el país por más de 30 días complete este proceso. Además, impone la obligación a los padres o tutores de registrar a los menores de 14 años y, una vez estos alcancen dicha edad, deben reinscribirse por cuenta propia.
Esta política, sin precedentes en su aplicación masiva, tiene implicaciones profundas, tanto para el gobierno como para los inmigrantes indocumentados. El debate sobre la medida se mueve entre la justificación de seguridad nacional y las preocupaciones sobre vigilancia y criminalización de una población vulnerable.
Desde una perspectiva gubernamental, la administración Trump ha argumentado que la orden refuerza la seguridad, permitiendo un mejor control de quienes residen en el país sin un estatus migratorio definido. La narrativa oficial sostiene que este censo migratorio facilitará la identificación de personas con antecedentes criminales, reducirá el empleo irregular y mejorará la capacidad de las agencias para hacer cumplir las leyes de inmigración. Para quienes defienden medidas de control más estrictas, la política se presenta como una estrategia para garantizar que quienes ingresan y permanecen en el país lo hagan conforme a las reglas establecidas.
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Sin embargo, la realidad para los inmigrantes indocumentados es mucho más compleja. Si bien la orden no cambia directamente el estatus migratorio de los registrados ni les otorga beneficios como el permiso de trabajo, sí introduce un nuevo mecanismo de rastreo. Para muchos, este registro no es más que una lista de nombres que facilitaría futuras deportaciones. La historia ha demostrado que medidas similares, promovidas bajo el pretexto de fortalecer la seguridad nacional, han sido utilizadas para la persecución y criminalización de comunidades enteras. El simple acto de registrarse podría poner a los inmigrantes en la mira de operativos de detención y remoción, lo que genera un temor justificado entre quienes han construido una vida en el país sin documentos.
Otro aspecto preocupante es la falta de claridad sobre el uso de esta información. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) afirma que la medida es únicamente para cumplir con el requisito legal de la INA, no hay garantías de que, en el futuro, estos datos no sean utilizados para reforzar políticas de deportación masiva. La implementación de un sistema de registro para indocumentados plantea, además, serias dudas sobre la privacidad y la protección de datos personales en un país donde la confianza en las autoridades migratorias es mínima.
A nivel social, esta política puede profundizar la marginación de las comunidades inmigrantes. Al sentirse más expuestos, muchos podrían abstenerse de acceder a servicios esenciales como atención médica, educación o incluso denunciar abusos laborales por temor a ser identificados y detenidos. Este efecto disuasorio no solo perjudica a los propios inmigrantes, sino que impacta a la sociedad en su conjunto. Estados con altas concentraciones de trabajadores indocumentados en sectores clave como la construcción, la agricultura y los servicios podrían experimentar una mayor inestabilidad laboral si las personas optan por permanecer en las sombras en lugar de registrarse.
Es importante señalar que la política también enfrenta desafíos legales. Diversos grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes han anticipado demandas para bloquear su implementación, argumentando que la orden ejecutiva podría violar protecciones constitucionales y derechos fundamentales. En un sistema democrático, cualquier política que afecte a millones de personas de manera directa debe ser evaluada en términos de proporcionalidad y necesidad.
Mientras tanto, la incertidumbre reina entre los inmigrantes indocumentados. ¿Registrarse significará exponerse a una eventual deportación o simplemente cumplir con una formalidad que no tendrá mayores consecuencias? ¿Qué garantías ofrece el gobierno de que esta información no será utilizada en su contra? Las respuestas a estas preguntas definirán el impacto real de la medida.
Más allá de las posturas políticas, lo cierto es que esta política refuerza la sensación de vulnerabilidad entre quienes ya viven con miedo a ser descubiertos y separados de sus familias. La historia reciente nos recuerda que las decisiones políticas pueden cambiar con cada administración, pero las consecuencias de estas políticas dejan cicatrices profundas en la comunidad inmigrante.
En un país construido sobre el trabajo y el esfuerzo de inmigrantes, es imperativo que las decisiones sobre política migratoria sean tomadas con responsabilidad, humanidad y respeto a los principios fundamentales de justicia. El desafío para las organizaciones de derechos humanos, abogados y activistas será garantizar que esta medida no se convierta en una herramienta de persecución masiva, sino en una oportunidad para discutir una reforma migratoria integral que brinde soluciones reales y justas para quienes han contribuido al desarrollo de Estados Unidos.
Mientras tanto, el mensaje para los inmigrantes es claro: informarse, buscar asesoría legal y actuar con precaución ante cualquier nuevo requisito gubernamental que pueda afectar su estabilidad en el país.
Acerca del autor
El Lic. Néstor Saldívar posee una maestría en Ciencias de la Educación, con enfoque en Planificación Educativa. Es abogado y comunicador, antiguo director asociado de comunicación de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días para la región del Caribe. Obtuvo la visa EB-2 con la exención por interés nacional en base a sus propios méritos en tan solo 45 días. Por su experiencia y con deseo de ayudar a otros a lograr lo mismo, crea contenido educativo desde su plataforma ResidenciateconS y otros medios.
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