Esteban Delgado | Foto: Kelvin de la Cruz
En teoría, los gobiernos no deberían repartir cajas de productos alimenticios o bonos de Navidad, como ha ocurrido, y ocurre, en República Dominicana desde hace décadas. Sin embargo, se ha vuelto costumbre y es una realidad sobre la que se hace difícil desprenderse.
El tema ahora es si conviene más repartir un bono con una tarjeta electrónica o una caja de productos de manera física entre las familias pobres. Las cajas navideñas se usaban en la pasada gestión gubernamental, pero las actuales las descartaron, con el argumento de que era denigrante ver a personas aguantando empujones y hasta golpes para adquirirlas; algo que se hizo viral y se usó como tema de campaña, aunque solo se presentaron casos aislados de esas situaciones.
El punto es ver las ventajas y desventajas de las cajas navideñas versus el bono de Navidad, toda vez que la intención es que le llegue a los más pobres y que contribuya con el dinamismo de la economía.
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Las cajas, en principio, dinamizan la economía, porque son varias empresas pequeñas y medianas las que suplen al Estado en los procesos para el suministro de los alimentos que contiene, lo que hace que esas empresas, que son formales y generan empleos, tengan una oportunidad de negocio con el Estado.
También son físicas y muchos de sus productos perecederos, por lo que se hace difícil su acaparamiento, ya que un dirigente político que reciba 1,000 cajas para repartirlas, tiene que hacerlo aunque no quiera, porque no podrá acumular todas esas mercancías en un espacio físico no visible.
Además, las cajas se pueden llevar a zonas pobres y de nulo acceso a mecanismos electrónicos de consumo, donde no hay sucursales bancarias, no existen los llamados “verifone” y es difícil que una persona analfabeta pueda activar la tarjeta electrónica y, luego, localizar un establecimiento comercial donde pueda usarla. Eso es en caso de que le llegue. A muchos no les llegará y, si les llega, no tienen la forma de usarla.
Pero con la tarjeta electrónica hay otras situaciones. Primero, el costo, pues su valor en mercancía es 1,500 pesos, y el Gobierno debe pagar por lo menos 350 pesos por adquirir el plástico físico. Eso indica que la inversión resulta en no menos 1,850 pesos por tarjeta.
Con relación a la distribución, en zonas de extrema pobreza y remotas del país no llegan, porque los habitantes y potenciales beneficiarios no tienen acceso a mecanismos electrónicos de consumo. Solo hay que ver las estadísticas oficiales donde se muestra que el 50% de la población adulta no está bancarizada.
Lo otro es que se prestan para el desvío, robo, corrupción. ¿Cómo? De la siguiente manera: suponga que el Gobierno le entrega 1,000 tarjetas a un dirigente del partido para que las distribuya en su barrio. Con un contenido de 1,500 pesos, ese paquetito de tarjetas tiene un valor en mercancías de 1 millón 500 mil pesos. Ese dirigente, que tiene acceso al padrón electoral, toma una lista de 1,000 números de cédula al azar para activarles el consumo, va a un comercio autorizado y le vende al dueño el contenido de 1.5 millón de pesos por 1 millón en efectivo y así el comerciante se ganará 500 mil “limpios”.
El comerciante, incluso, tendría un doble beneficio, pues, además de los 500 mil de ganancia por la compra de las tarjetas a descuento, se ahorra el valor de la mercancía que habría de entregar si fuera una operación de cada beneficiario consumiendo, ya que reportará un consumo que nunca se realizará.
Esa es la razón por la que muchas personas dicen que recibieron una tarjeta y cuando fueron a activarla le dijeron que el número de cédula reportado ya hizo una activación y la consumió. Eso porque otro incluyó su número sin él darse cuenta.
Imagine eso en un universo de 2 millones de tarjetas, a razón de 1,500 pesos cada una. Solo con la mitad, serían 1,500 millones de pesos de desvío. Y nadie se da por afectado, más que el erario, la imagen del Gobierno y el disgusto de los pobres que habrían preferido la caja navideña en lugar de la tarjeta.
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