Ángel Bello
Por: Ángel Bello
Entre los dominicanos parecería casi unánime la ovación que concita la política criminal del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y esto sin que las personas reparen en que, para lograr la estrepitosa caída en la tasa de homicidios en el país centroamericano, el exalcalde metropolitano haya tenido que recurrir a un “estado de excepción” que, paradójicamente, ha pasado a ser la regla. El clamor del pueblo, seducido por la idea de una “réplica” de Bukele para nuestra República Dominicana, encuentra pocas disidencias.
No faltan quienes se rasgan las vestiduras frente a la corrupción, la delincuencia, el desafío a las leyes y todo género de anarquía que la permisividad de las autoridades ha soslayado por décadas, entendiendo que “aquí hace falta un Trujillo". Se podrían considerar excepciones aquellos que condenan los decesos a manos de la Policía de los “presuntos” delincuentes, sin importar que se trate de ejecuciones extrajudiciales o no.
Sin embargo, este vehemente deseo de castigo draconiano contra el delito, el cual contraviene la Constitución y diversos instrumentos internacionales de protección a los derechos humanos, encuentra un muro de contención en el momento en que su aplicación afecta el bienestar particular de esos mismos ciudadanos que previamente lo suscribían.
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El punto de quiebre se manifiesta cuando las acciones de las autoridades para garantizar el orden y la seguridad ciudadana, aún con la básica consigna de “hacer cumplir la ley”, colisionan con las parcelas de intereses privados de los grupos que enarbolan el "bukelismo" y el "trujillismo" como la mejor estrategia para contrarrestar la criminalidad.
Por ello no es casual que las ejecutorias de la actual ministra de Interior y Policía, Faride Raful, en aras de procurar el respeto a la Carta Magna en lo que a seguridad ciudadana respecta, haya generado un virulento rechazo en ciertos sectores.
Para la también exsenadora, “hacer cumplir la ley” en materia de contaminación acústica, ha constituido un titánico desafío frente a esas mismas personas que, a pesar de ver en Bukele un referente de gerencia efectiva de la seguridad pública, sabotean el arrojo y la firmeza de Raful cuando acomete el reto de poner orden en una cultura de caos, donde el respeto al derecho ajeno pareciera ser una frustrante y eterna utopía.
Son varios los argumentos que se esgrimen para vilipendiar los programas enfocados en llevar orden y tranquilidad a los barrios y las vías públicas (todos amplificados por espurios esfuerzos mediáticos), entre ellos la legítima preocupación de la ciudadanía por los atracos, recurriendo a la “falacia del falso dilema” cuando se insiste en que las horas que los agentes policiales dedican a estas operaciones es un tiempo arrebatado a la lucha contra la delincuencia.
Hay que añadir también las viscerales críticas a la regulación del horario de expendio y consumo de bebidas alcohólicas en lugares públicos, poniendo en duda el hecho de que esta medida contribuya a la paz ciudadana, soslayando que dicha práctica está asociada con los accidentes de tránsito y que conspira contra las no menos importantes tranquilidad y salud mental de los dominicanos, resquebrajada cuando se transgreden las leyes de convivencia pacífica y por las que tantas veces alzamos un estentóreo grito reclamando un gobierno como el de Bukele… claro, siempre que no conspire contra nuestros intereses particulares, aún los más ilícitos.
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