Daniel Ortega | Foto: EFE/ Jorge Torres
La directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), Erika Guevara Rosas, dijo este miércoles que el Gobierno de Nicaragua que preside el exguerrillero sandinista Daniel Ortega está exhibiendo públicamente a los "presos políticos" para enviar un mensaje a sus detractores y oponentes.
"Utilizan a estas personas como un ejemplo para que nadie se atreva a levantar la voz en Nicaragua", señaló Guevara Rosas durante una conferencia de prensa telemática.
Las autoridades nicaragüenses, a través de sus medios de comunicación, han mostrado públicamente a 20 opositores que se encuentran encarcelados desde hace más de un año en la cárcel policial El Chipote y que son considerados presos políticos por los organismos humanitarios, después que sus familiares denunciaran que sufrían desnutrición y adelgazamiento extremo.
En las imágenes se pudo observar a los prisioneros, incluyendo a cuatro de los aspirantes a candidatos presidenciales por la oposición que pretendían retar al presidente Ortega en los comicios de noviembre pasado, infundados en la vestimenta azul de presidiarios, con apariencias físicas similares a las descritas por sus familiares con anterioridad, es decir bajos de peso y demacrados.
Para Guevara Rosas, esas apariencias físicas reflejan las "condiciones inhumanas y humillantes en las que estas personas han sido sometidas con este castigo", la cual, dijo, "no solo es la criminalización a través del uso indebido del Sistema de Justicia, sino también el castigo y la criminalización que utiliza el aparato represor para humillar y denigrar".
AI: NICARAGUA ATRAVIESA GRAVÍSIMA CRISIS
A juicio de la directora para las Américas de AI, "Nicaragua atraviesa una gravísima y profunda crisis en materia de derechos humanos", desde abril de 2018 cuando estalló una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que fueron aplastadas a la fuerza por el Gobierno sandinista.
Ha habido desde entonces, continuó Guevara Rosas, "una serie de acciones y prácticas llevadas a cabo por el Gobierno de Daniel Ortega que han puesto en altísimo riesgo la vida, la seguridad y la integridad de todo el pueblo nicaragüense".
"Hoy más de 180 personas se encuentran detenidas por motivos políticos, solo por ejercer sus derechos humanos (…). No solo las personas detenidas se encuentran en un contexto de múltiples violaciones a sus derechos humanos, sino que estas violaciones también se trasladan a sus familias y comunidades, y a las organizaciones y agrupaciones que le acogen", señaló.
Recordó que las "graves violaciones" a los derechos humanos en Nicaragua han sido calificadas por organizaciones, como AI y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como "crímenes de lesa humanidad".
"El pueblo nicaragüense está siendo sometido a políticas de represión que violentan la posibilidad de ejercer derechos humanos a todos niveles", advirtió.
Sostuvo que en Nicaragua "día a día se violan los derechos humanos a la libertad de expresión, a la libertad de asamblea pacífica, y se violan constantemente los derechos económicos, sociales y culturales de un pueblo que hoy no tiene espacio para disentir, no tiene espacio para exigir la rendición de cuentas de sus autoridades".
NICARAGUA, UN PUEBLO SOMETIDO
Lamentó que el pueblo nicaragüense "está sometido al sufrimiento de ver a las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos en condiciones de deterioro constante, en donde el maltrato que se constituye en tortura es parte de esta política de represión".
Guevara Rosas abogó para que la situación de Nicaragua siga "bajo los ojos del mundo".
Instó a la comunidad internacional a mantener una responsabilidad de escrutinio y de exigir al Gobierno de Ortega el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
"La comunidad internacional tiene que seguir buscando los mecanismos diplomáticos para garantizar los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, de miles de víctimas de graves violaciones de los derechos humanos", demandó.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del pasado 7 de noviembre, en las que Ortega, próximo a cumplir 77 años, fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.
