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Las autoridades de salud de Costa Rica aceptaron una recomendación de la Defensoría de los Habitantes para abrir procedimientos disciplinarios cuando reciban denuncias de violencia obstétrica.
Así lo informó la Defensoría de los Habitantes al dar a conocer que la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), que dirige los centros médicos públicos, puso en conocimiento de los directores de hospitales y clínicas la obligación de abrir los procedimientos disciplinarios ante denuncias bien fundamentadas.
La Defensoría expresó su satisfacción por las medidas acogidas para prevenir, proteger y respetar los derechos humanos de las mujeres embarazadas y aseguró que es fundamental que las autoridades reconozcan que la violencia obstétrica existe y tomen las acciones pertinentes para su erradicación.
"Las usuarias del sistema de salud deben apropiarse de esta acción y exigirla, de manera que su implementación no dependa exclusivamente de la administración", declaró en un comunicado la defensora de los Habitantes, Catalina Crespo.
La Defensoría señaló la necesidad de que las autoridades efectúen una permanente capacitación y sensibilización dirigida a todo el personal de las maternidades, con el fin de garantizar una atención segura y respetuosa, libre de maltrato y de violencia.
La violencia obstétrica se genera en el ámbito de la atención del embarazo, parto, puerperio y lactancia en los servicios de salud y consiste en la violación a los derechos humanos y reproductivos de las mujeres incluyendo el derecho a la igualdad y no discriminación, al derecho a la vida, la información, intimidad, la integridad, la salud y la autonomía reproductiva.
La Defensoría explicó que los acciones anunciadas por las autoridades de salud responden a las recomendaciones que la institución hizo en un informe que evidenció debilidades a nivel estructural, hacinamiento en salas de maternidad, traslados de mujeres a término para el parto a otros centros de salud, falta de especialistas y mal trato.
