Laura Peña Izquierdo | Foto: Copardom
La presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM), Laura Peña Izquierdo, planteó el establecimiento de una estructura tributaria que incentive la creación de empresas porque el país registra una informalidad de un 56% por el complejo esquema tributario, lo cual se traduce en que una buena parte de la población no está aportando al fisco.
Entrevistada por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, que se transmite los domingos de 8:00 a 9:00 de la mañana, por RNN Canal 27, sostuvo que todavía no hay idea de por dónde vendrá la propuesta de reforma fiscal del gobierno porque no ha sido presentada.
Peña Izquierdo consideró que se debe analizar cómo se logra disminuir la informalidad, para que el gobierno tenga empresas formales que contribuyan y tengan más ingresos.
Manifestó que una de las razones de la alta informalidad en el país se origina por la situación fiscal y la existencia de un esquema tributario complejo, donde el Impuesto Sobre la Renta es bastante alto y el pago de un anticipo, que contribuye con la disminución del capital de trabajo de los emprendedores.
“Básicamente revisar todo eso es importante, pero lo que la reforma tiene que lograr es tratar de ver cómo incentivamos la formalidad”, recalcó la presidenta de COPARDOM.
Sostuvo que una encuesta realizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), presentada por COPARDOM, hacen una recopilación de información de alrededor de 1,000 micros, pequeñas y medianas empresas en la provincia de Santo Domingo, cuyos resultados revelan que la mayor parte se formalizan fácilmente y es viable económicamente constituirla, pero el problema es mantenerla.
“En esa encuesta salió a relucir que las empresas duraban cinco años en la formalidad, entonces ahí tenemos un grave problema porque una de las razones por las cuales no permanecían en la formalidad: número uno los gastos laborales y número dos la estructura impositiva y tributaria compleja que tenemos en República Dominicana”, significó.
Peña Izquierdo dijo que lo primero que hay que ver en una reforma es el déficit que existe en el sector eléctrico, que ronda alrededor de un 1.5 del Producto Bruto Interno (PIB), monto que cataloga como sumamente alto.
“Todos debemos sentarnos en la mesa a dialogar por esta reforma fiscal, lo importante es tomar en cuenta todo ese consenso”, señaló.
La miembro del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) plantea que si se hace una revisión del déficit, se evalúa y corrige esa pérdida, el gobierno tendrá inmediatamente mayores ingresos.
La dirigente empresarial recomienda ir por esa vía, en principio, para afrontar la situación fiscal actualmente en el país.
“El llamado es a que no hagamos una reforma tributaria, como hemos tenido en años anteriores, donde se modifica el ingreso, se afecta ese ingreso y a la clase que siempre paga”, precisó.
Consideró que también se deben analizar las propuestas sobre incremento de la base o el monto del ITBIS, porque hay diferentes teorías económicas sobre cuál debe ser la mejor vía.
Abogó porque se formule un pacto consensuado con todas las fuerzas del país, como la sociedad civil, el empresariado, el gobierno y los partidos políticos, para la realización de una reforma fiscal integral.
Manifestó que un pacto fiscal es una tarea pendiente en el país porque la Ley 01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, plantea tres grandes reformas, como son la calidad de la educación, la reforma del sector eléctrico y la fiscal, con la creación de una ley de responsabilidad fiscal.
Afirma que pronto habrá consenso en discusiones sobre puntos de reformas en Código de Trabajo
La presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM), licenciada Laura Peña Izquierdo, afirmó que se espera que prontamente haya consenso en cuanto a las discusiones de reformas del Código de Trabajo de República Dominicana.
La dirigente empresarial precisó que los temas de discusión en los cuales todavía no hay una conclusión son los procedimientos, la jornada laboral y la cesantía.
“Hemos avanzado en los tres bastante, todavía no tenemos una conclusión, pero espero que prontamente podamos tener un consenso entre todas las partes de lo que queremos”, subrayó.
En cuanto a la cesantía, dijo que se trata de un cálculo ilimitado en el tiempo porque cuando un empleado que tiene hasta cinco años en una empresa se le calcula 21 días por cada año de labor y cuando sobrepasa ese tiempo, aumenta a 23 días.
“Entonces nosotros lo que hemos analizado cómo se calcula la cesantía en países de la región, con los que nos podemos comparar en estructuras económicas y también como competencia nuestra, muchos de estos países tienen un límite para la cesantía, sea un límite de años o sea un límite de salarios”, expuso.
Dijo que en las discusiones, el sector empleador ni siquiera ha puesto sobre la mesa la cantidad de salarios o de años, sino el concepto y cómo es la estructura de la cesantía en otros países de Latinoamérica, para buscar un consenso entre las partes.
Sostuvo que la cesantía se veía mucho cuando una persona estaba llegando a una edad de retiro y este mecanismo le servía para poder mantenerse, porque no había plan de pensiones, pero el país tiene un sistema de seguridad social maduro, que tiene más de 20 años y los empleados en el país van a contar con un plan de retiro.
“Entonces, ya la cesantía no tiene tanta razón de ser con la parte de la pensión”, enfatizó, tras afirmar que hay una propuesta sobre un tope a la cesantía.
Peña Izquierdo observó que el sector empresarial quiere que se revise el Código en la parte que tiene que envuelve las demandas laborales, donde normalmente cuando hay una sentencia en un tribunal de primera instancia, la empresa demandada tiene derecho a apelar la decisión, pero el plazo de tres días es muy corto.
“En esa apelación solamente tenemos tres días para depositar el duplo de la sentencia, entonces qué pasa, una micro, una pequeña empresa no tiene el capital para depositar el duplo de la sentencia en el tribunal, entonces, muchas veces lo que deciden es simplemente pagar (el monto) la sentencia, si es que pueden, a veces tienen que tomar un préstamo para poder pagarla, pero no se están adhiriendo a ese derecho para apelar porque no tienen la disponibilidad”, argumentó.
Aseguró que esos son los temas que encarecen el sistema laboral y por eso muchas empresas deciden salir a la informalidad, porque los costos son muy altos.
“Nosotros por cada peso de nómina aproximadamente estamos pagando entre 60 y 65 centavos, tenemos que calcular que el costo laboral corresponde como a 60 centavos”, significó.
Entiende que en la reforma laboral se debe tomar en cuenta el teletrabajo y la transferencia, porque la norma actual habla de cheques.
Expuso que desde el 2013 se creó una comisión tripartita mediante decreto, para revisar y analizar la reforma del Código de Trabajo de la República Dominicana, la cual rindió un informe en el 2014, y luego se realizaron espacios de trabajo en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y se han continuado las conversaciones tripartitas.
La dirigente empresarial recordó que la norma data de 1992 y actualmente se vive una realidad distinta, caracterizada por la modernidad en el sector de los negocios y se necesita que el Código vaya acorde con el momento.
Indicó que hace alrededor de dos años se realizan reuniones en el Consejo Consultivo del Trabajo, con la participación de los sindicalistas, el gobierno y el sector empleador, discutiendo y revisando el tema.
