La Comisión Permanente del Congreso peruano aprobó este viernes la destitución e inhabilitación del juez supremo César Hinostroza, sindicado cabecilla de una red de corrupción en la judicatura del país andino, así como la de cuatro ex integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura.
La Comisión aprobó de forma unánime esta medida tras un debate que arrancó el jueves y que se prolongó hasta bien entrada la madrugada y en donde el propio Hinostroza estuvo presente para alegar que las acusaciones en su contra son falsas y fruto de una "persecución".
Ahora será el Pleno del Congreso el que tendrá que refrendar esa decisión, que implicaría el levantamiento de la inmunidad de los jueces Iván Noguera Ramos, Julio Gutiérrez Pebe, Orlando Vásquez Benites y Guido Aguila, y el más que probable inicio de un juicio en su contra por los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias, cohecho y negociación incompatible.
La Comisión, sin embargo, no aprobó la acusación por el delito de organización criminal, gracias fundamentalmente a los votos del partido fujimorista Fuerza Popular, lo que impediría juzgar a Hinostroza por su supuesta pertenencia a "Los Cuellos Blancos del Puerto", una mafia de corrupción descubierta en los juzgados de Lima y El Callao que implica a magistrados, fiscales y operadores políticos.
Esa trama comenzó a revelarse en junio pasado cuando se dieron a conocer varias grabaciones en las que Hinostroza y sus colegas aparecían negociando sentencias, entregando prebendas y beneficios y manipulando nombramientos.
En una de esas grabaciones, se pudo escuchar al juez supremo hablar de una reunión con Héctor Becerril, una de las figuras del Fuerza Popular, y una reunión con la "señora K", una posible referencia a Keiko Fujimori, líder del partido y principal opositora del presidente Martín Vizcarra.
El juez Hinostroza resolvió un recurso a favor de Fujimori en un proceso abierto por presunto lavado de activos, y esa presunta reunión tuvo lugar antes de emitir la resolución.
Ante la Comisión, Hinostroza solo pidió disculpas por "usar términos inapropiados" en las grabaciones que se le hicieron, que a su juicio no tienen ninguna validez legal.
También negó cualquier relación con la "señora K", defendió su independencia y dijo no ser un juez "de Fuerza Popular", además de negar vehementemente su pertenencia a una organización delictiva.