Pedro Brache, presidente del Conep | Foto: Conep
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) llamó al Gobierno y a la oposición asumir como un compromiso para el país el Pacto Eléctrico, cuya firma está prevista para mañana.
A través de un comunicado, el Conep consideró que el sistema requiere de reformas que garanticen un suministro de electricidad confiable, a precios competitivos, y con una sostenibilidad financiera que permita que estos recursos podrían ser utilizados en áreas importantes para el desarrollo nacional.
El Conep expresó que la situación del sector se viene acumulando en el tiempo, y que de no tomar medidas podría prolongarse.
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En ese sentido, señaló que entre 2009 y 2015 el Estado dedicó 11 mil millones de dólares al subsidio eléctrico, y la tendencia se ha mantenido, ya que en 2018 ascendió a 665 millones de dólares.
El principal gremio empresarial del país manifestó que los compromisos asumidos en el Pacto Eléctrico contribuirían a reducir las perdidas de las empresas distribuidoras hasta el 15 % en 5 años.
En su comunicado, el Conep consideró que la adopción de estos compromisos por todos los actores políticos garantizaría el cumplimiento de la iniciativa en el mediano y largo plazo.
Asimismo, resaltó que la transición hacia una tarifa técnica transparentaría el costo de la electricidad, lo cual se traduciría en facturas más baratas en los hogares dominicanos y mejores condiciones para las empresas crecer y generar mas empleos.
Consideró, a la vez, que el Pacto Eléctrico permitiría un reordenamiento institucional, establecer los parámetros para la reestructuración en el corto plazo, y reducir burocracia y costos innecesarios.
«Es por esto que su firma debe producirse para evitar mayores dilaciones en los cronogramas establecidos», agregó.
La concertación del Pacto conllevó tres años de negociación en el seno del Consejo Económico y Social.
El pacto, que contempla un Plan Estratégico de Negocios para mejoras de gestión hasta 2022, conlleva mayores sanciones contra el fraude, y la presentación de un régimen tarifario de referencia hasta 2023, con la finalidad de sentar las bases para la implementación de la tarifa técnica.
