La comunidad internacional hizo este jueves un llamado al diálogo en Haití y rechazó los "actos de violencia" tras la multitudinaria protesta del pasado domingo en contra de la corrupción en la que un sector de la oposición también exigió la renuncia del presidente Jovenel Moise.
En un comunicado, el "Core Group", integrado por el representante especial del Secretario General de las Naciones Unidas, los embajadores de Alemania, Brasil, Canadá, España, EE.UU., Francia, la Unión Europea y el representante especial de la OEA, señaló que "los actos de violencia que buscan provocar la renuncia de autoridades legítimas no tienen lugar en el proceso democrático".
También elogia el compromiso del Ejecutivo de continuar el diálogo y llama a una concertación "entre todos los actores de la vida nacional para salir de la crisis que atraviesa el país y satisfacer las expectativas de la población".
En un mensaje a la Nación, Moise reiteró ayer su llamamiento al diálogo y dijo que durante su mandato "nadie va a poner en peligro los intereses del país".
El camino del diálogo es lo que puede lograr la paz y el desarrollo", añadió Moise, del Partido Haitiano Tet Kale (PHTK), que asumió la Presidencia de Haití en febrero de 2017.
Este nuevo llamado al diálogo fue rechazado por un sector de la oposición que pide la renuncia de Moise y que ha convocado a una protesta para mañana, viernes, en la capital.
El "Core Group" también expresó sus condolencias a las familias de las víctimas de los últimos días.
Desde agosto pasado se han multiplicado las protestas para exigir al Gobierno que aclare el manejo supuestamente fraudulento que se hizo de los fondos de Petrocaribe, programa por el cual Venezuela suministra petróleo al país en condiciones blandas, y se enjuicie a los responsables.
En la última del pasado domingo murieron tres personas, según la Policía, aunque los organizadores afirman que se registraron al menos 11 muertos.
El Parlamento haitiano publicó en 2017 un informe en el que involucra a exfuncionarios del partido actualmente en el poder en presuntas irregularidades en el uso de los fondos de Petrocaribe, pero hasta ahora nadie ha sido procesado por este caso, en el que se desviaron más de 2.000 millones de dólares, según una investigación del Senado.