Procuraduría General de la República | Foto: Kelvin de la Cruz
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH-RD) exigió una investigación independiente sobre la actuación de los fiscales que participaron en el apresamiento y persecución judicial contra el coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta por la acusación de la que posteriormente fue dejada sin efecto por el Ministerio Público.
“La sociedad dominicana no puede dejar pasar sin esclarecimiento y sanción un hecho que involucra a las instituciones responsables de garantizar el respeto a la dignidad humana y el cumplimiento de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos”, expresa la entidad.
Al formular el planteamiento, la Comisión de los Derechos Humanos dije tener razones para sospechar que una investigación especial independiente podría revelar el involucramiento estrictamente político del Ministerio Público y la Policía Nacional en un expediente falso.
Entiende la CNDH-RD que los fiscales Joan Alcántara, Milcíades Guzmán, José Guillermo Soriano, Fernando Quezada y Edward López Ulloa no actuaron por voluntad propia.
“También creemos que el involucramiento en la investigación del director de la Policía Nacional fue producto del acatamiento de órdenes superiores interesadas en dar la mayor visibilidad pública a este caso”, apunta la declaración.
La Comisión de los Derechos Humanos considera que de comprobarse de forma incontrovertible la responsabilidad de los dos altos funcionarios en un hecho de tanta gravedad, debería disponerse de inmediato la destitución del procurador general de la República y del director de la Policía Nacional.
Igualmente propone que se presenten y sustenten las acusaciones disciplinarias en contra de los cinco fiscales actuantes para que sean sancionados conforme a la gravedad de los hechos que se puedan establecer.
De acuerdo a la CNDH-RD, la sociedad dominicana muestra una gran desconfianza y preocupación sobre el interés y compromiso de las autoridades de aplicar los sistemas de consecuencias que las leyes definen sin los criterios de selectividad que impiden erradicar gradualmente las prácticas y conductas contrarias a la ética en la administración pública.
