Agentes de la Policía Nacional llevan a la Audiencia provincial de Almería a Ana Julia Quezada | Foto: EFE/Ricardo García
El jurado popular del juicio por la muerte del niño español Gabriel Cruz comienza a deliberar este miércoles sobre el grado de culpabilidad de la única acusada, la dominicana Ana Julia Quezada, y el jueves, según se prevé, emitirá el veredicto, que servirá de base para la sentencia judicial.
La Fiscalía y la acusación particular piden prisión permanente revisable por asesinato para Quezada, que reconoció que le causó la muerte, pero no de manera premeditada.
La defensa, por su parte, solicita tres años de cárcel por un delito de homicidio por imprudencia grave o, subsidiariamente, de homicidio doloso, con 15 años de prisión, debido a las atenuantes de confesión, arrebato y de actuar bajo la influencia de drogas.
Una vez que queden incomunicados, los miembros del jurado – siete mujeres y dos hombres – no podrán recibir llamadas, visitas o hablar con medios de comunicación; se les retirarán los teléfonos móviles y podrán descansar cuando quieran, pero sin salir de la sala, ya que todas las deliberaciones "son secretas y no se pueden contar a nadie".
La magistrada Alejandra Dodero les recordó hoy que, al comienzo del juicio, juraron o prometieron actuar con "imparcialidad, sin odio ni afecto", dejando fuera "todo tipo de sentimientos".
Subrayó las circunstancias que diferencian un homicidio de un asesinato, incidiendo en la alevosía, que "elimina las posibilidades de defensa de la víctima" y se produce cuando se trata de un "ataque sorpresivo" y por parte de una persona del entorno familiar, como elemento diferenciador de ambos delitos.
La juez insistió en que deben declarar probados o no los diferentes puntos descritos durante el juicio "en base a las pruebas que han presenciado directamente" y actuar con "total independencia, valorar y decidir lo que cada uno personalmente crea que es correcto", pero actuando con "responsabilidad" y ateniéndose a las conclusiones "racionalmente" obtenidas a lo largo de la vista.
El niño, de ocho años, murió el 27 de febrero de 2018, en una finca de campo de la provincia de Almería (sureste español).
Quezada, que mantenía una relación sentimental con el padre del menor cuando ocurrieron los hechos, fingió participar activamente en su búsqueda cuando se dio por desaparecido.
El cadáver fue encontrado en su automóvil tras doce días de búsqueda, lo que causó un gran despliegue mediático y una gran conmoción en toda España.
