Miguel Surun Hernández | Foto: Kelvin de la Cruz
El Colegio de Abogados de la República Dominicana aseveró que entiende como necesario e imprescindible el sometimiento de todos aquellos involucrados en actos de corrupción administrativa, incluyendo aquellos que hacen una ostentación de su injustificable riqueza, tal y como hemos visto en el escandaloso caso Coral, cuyos altos niveles de corrupción, “debe movernos a reflexión”.
“Aunque reconocemos la valentía y la entrega del ministerio público, que ha preparado expedientes con pruebas sobre abundantes, advertimos qué no estaremos satisfechos hasta no solo ver presos a los subalternos, sino a los jefes responsables, beneficiarios finales del robo de dinero público”, leyó Miguel Surun Hernández.
Afirmó que la sociedad espera que haya consecuencias sobre varios escándalos de presunta corrupción, entre ellos los 50 mil millones de las Visitas Sorpresa, la sobrevaluación de Punta Catalina, el “fraude” a los permisos del ajo y los pagos fraudulentos por decenas de millones de pesos a Joao Santana.
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“El Colegio de Abogados tiene la esperanza de que los esfuerzos del presidente Luis Abinader, de instaurar un Ministerio Publico independiente, se extienda al Poder Judicial, cuyo presidente, se encuentra al servicio de quienes lo nombraron en el cargo, ejerciendo una función política, para proteger a los políticos mediante el control hermético de las decisiones judiciales”, atizó.
Esto mantiene al Colegio de Abogados en alerta ante los aprestos para torpedear todos los procesos de corrupción, mediante decisiones incidentales preparatorias para descargos masivos a favor de corruptos, pues no hay forma posible de castigo ejemplar de la corrupción sin una Justicia independientes manejada por jueces de carrera.
El Colegio de Abogados valoró como positivo el trato dispensado a los encartados por corrupción por parte de las autoridades, caracterizado por un respeto al debido proceso y sus derechos fundamentales, incluyendo la igualdad de trato en materia carcelaria de todos los ciudadanos sujetos a un proceso, pues la constitución prohíbe todo tipo de privilegios, ya sean militares a civiles.
