Lourdes Meireles, Miriam Germán, Lourdes Contreras, Desiree del Rosario y Denisse Paiwonsky | Foto: Prensa de Intec
Existen barreras infranqueables que restringen los cambios en la condición de las mujeres en República Dominicana, afirmó el Centro de Estudios de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (CEG-Intec), al presentar análisis del estado de la mujer en el país, a propósito de celebrarse este 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer.
En el documento, que se dio a conocer en una rueda de prensa, el CEG-Intec planteó que existen al menos cinco factores nodales en lo económico-político y social que pueden ser considerados causantes de la condición de desigualdad que afecta a las mujeres.
El documento cita como un primer factor la inmutabilidad de una cultura machista, que sustenta y naturaliza las múltiples formas de discriminación y violencia contra mujeres y niñas, desde los micro machismos cotidianos hasta las manifestaciones extremas, como los feminicidios y los incestos
En ese sentido, el documento precisa que República Dominicana es el tercer país con la tasa más alta de feminicidios de la región, de hecho, durante los últimos 10 años el promedio de feminicidios (íntimos y no íntimos) es entre 150 y 200 por año.
“La violencia de género es el delito más denunciado en el sistema de justicia”, manifestaron, al tiempo de citar que en 2017 hubo 59,391 denuncias de violencia de género; 5,808 de delitos sexuales y 17,148 órdenes de protección. Solo el 4 % de las denuncias son judicializadas y solo el 2 % culmina logra sanción penal.
El CEG-Intec, representado por las catedráticas Lourdes Contreras, Desiree del Rosario, Lourdes Meyreles, Fátima Portorreal y Denise Paiewonsky criticó que el Congreso Nacional no ha aprobado el proyecto de ley que crea el Sistema de Apoyo Integral para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, a un lustro de ser introducida por primera vez.
Consideraron que un segundo causante de desigualdad es la influencia ideológica y política de las cúpulas de Iglesias católica y evangélica, que consideraron limita los avances al promover actitudes sexistas, legitimadoras del poder masculino sobre las mujeres.
“El retraso en la despenalización del aborto por causales ejemplifica cómo las ideologías religiosas y las ideologías machistas se potencian mutuamente en nuestra sociedad, donde los preceptos religiosos validan y legitiman muchos de los discursos culturales del machismo vigente”, indicaron las especialistas en el documento.
La resistencia que generan los intentos por erradicar las prácticas patriarcales y los contenidos sexistas de la educación es otra de las causas señaladas por el CEG-Intec para la situación de desigualdad que afecta a las mujeres.
En ese sentido, consideraron que ello se evidencia en las limitaciones para lograr el propósito de la igualdad como meta del proceso educativo, aunque se establezcan la Constitución, currículo y el Pacto Educativo, y la oposición a la educación sexual integral basada en derechos -y no en dogmas religiosos-.
En una cuarta causante es la poca importancia que políticos, funcionarios y tomadores de decisión en sentido general conceden a los asuntos de las mujeres y sus derechos, que consideraron se muestra en que en el país no se incrementan los ministerios dirigidos por mujeres, ni se implementan políticas de prevención del embarazo adolescente, ni se reducen las cesáreas innecesarias, ni se sanciona a los médicos implicados en muertes maternas, y a que el Estado destina a la equidad de género apenas un 0.04 % del Presupuesto General del Estado.
Finalmente, las debilidades institucionales del sistema político dominicano que impactan los derechos de las mujeres, como son la ausencia o la no aplicación de normas legales establecidas, así como la falta de sanción a quienes incumplen la responsabilidad de velar por la aplicación de las mismas.
Las voceras del CEG-Intec plantearon la implementación de las políticas de igualdad de género en todos los ámbitos: educativo, salud, laboral y cuido, de participación social y política, y la creación de un mecanismo desde la sociedad civil para la vigilancia y la auditoria de las políticas de igualdad de género y su financiamiento.
