Julio Santana | Foto: Julio Santana
A cientos de miles de ciudadanos sorprendieron las sentencias emitidas esta semana en el denominado caso Coral. Estos dispositivos constituyen, sin exageración alguna, uno de los acontecimientos más relevantes en la historia reciente de la lucha contra la corrupción administrativa en la República Dominicana. ¿A qué se debe semejante afirmación? Sencillamente a que, más allá de los nombres involucrados, de las simpatías políticas o de las inevitables controversias que siempre acompañan procesos de esta naturaleza, resulta difícil encontrar en las últimas décadas un precedente que combine condenas de prisión de semejante magnitud, decomisos millonarios de bienes y una recuperación patrimonial tan significativa en favor del Estado.
Los dominicanos hemos convivido durante décadas con una percepción ampliamente extendida de impunidad que acabó echando profundas raíces en la conciencia nacional y erosionando progresivamente los fundamentos éticos de la vida pública.
No es para menos. Las administraciones de los principales partidos políticos estuvieron repetidamente bajo sospecha por denuncias de corrupción; fiscales y jueces dedicaron años al conocimiento de voluminosos expedientes sin cosechar resultados en justicia definitivos; los medios de comunicación convirtieron un problema estructural de vieja data en una sucesión casi interminable de escándalos y, finalmente, los ciudadanos asistieron, muchas veces como espectadores impotentes, a un desfile permanente de acusaciones que con frecuencia terminó diluyéndose entre procesos interminables, insuficiencias probatorias, acuerdos procesales o fallos que dejaron tras de sí una profunda sensación de frustración colectiva.
La acumulación de esas experiencias no solo debilitó la confianza en las instituciones encargadas de perseguir y sancionar la corrupción. También contribuyó a instalar en amplios sectores de la población la convicción de que el saqueo de los recursos públicos rara vez produce consecuencias proporcionales a los daños ocasionados y de que, al final del camino, el poder político, económico o social suele encontrar mecanismos para protegerse a sí mismo. Por ello sostenemos la tesis de que, cuando esa percepción se generaliza, la impunidad deja de ser únicamente un problema jurídico para convertirse en un problema cultural que termina contaminando la relación de los ciudadanos con la ley, la autoridad y la propia idea de justicia.
No debería sorprendernos entonces que, paralelamente, se observe un creciente deterioro del respeto a las normas más elementales de convivencia, una mayor disposición a desafiar la autoridad legítimamente constituida, la normalización de conductas que bordean o transgreden la legalidad y, en algunos casos, la peligrosa ilusión de que el acceso al Estado constituye una vía rápida hacia el enriquecimiento personal. El mensaje es devastador: las reglas existen para unos, pero no necesariamente para todos.
Teniendo en cuenta este contexto, las decisiones adoptadas en el caso Coral poseen una importancia que trasciende el expediente mismo. Por primera vez en mucho tiempo, un tribunal no solo reconoce la existencia de una estructura organizada de corrupción dentro del aparato estatal, sino que además impone sanciones severas y ordena la pérdida de bienes obtenidos mediante actividades ilícitas. Ello demuestra que la corrupción puede ser investigada, probada y castigada.
No obstante, conviene evitar tanto el pesimismo absoluto como el triunfalismo prematuro. No cabe duda de que las sentencias de esta semana representan una victoria importante para quienes durante años reclamaron consecuencias reales frente a la apropiación indebida de recursos públicos, pero sería un error concluir que un solo caso, por relevante que sea, bastaría para resolver un problema de raíces mucho más profundas y complejas. La corrupción dominicana no nació con los implicados en el caso Coral ni desaparecerá con sus condenas.
Estamos ante un fenómeno estructural alimentado por factores políticos, institucionales y culturales que trascienden a los individuos. Cabe repetir que el elevado costo de la actividad electoral, la utilización clientelar de recursos públicos, la debilidad histórica de los mecanismos de control, la captura de instituciones por intereses partidarios y una preocupante cultura de tolerancia frente a determinadas prácticas ilícitas seguirán creando, mientras no hagamos nada, un entorno favorable para la reproducción de conductas corruptas.
Por esa razón, la verdadera relevancia de estas sentencias reside en la posibilidad de que inauguren una nueva etapa en la evolución institucional del país. Las democracias se fortalecen cuando la aplicación de la ley deja de ser una excepción y se convierte en una regla previsible para todos. Ninguno de los países que hoy exhibe bajos niveles de corrupción alcanzó ese objetivo mediante un solo expediente ejemplar, sino cuando sus ciudadanos comenzaron a percibir que las instituciones funcionaban con independencia suficiente para investigar y sancionar a cualquier persona, independientemente de su influencia política, económica o militar. En ellos, como dirían los economistas, la impunidad dejó de ser una expectativa razonable.
El verdadero significado del caso Coral dependerá de lo que ocurra en los próximos años. Si los mismos estándares de investigación, persecución y sanción se aplican a todos los procesos de corrupción, sin importar el partido gobernante, la posición social de los imputados o las circunstancias políticas del momento, estaremos ante un auténtico punto de inflexión histórico. Por el contrario, si estas condenas permanecen como un episodio aislado dentro de una larga secuencia de resultados contradictorios, terminarán siendo recordadas como una excepción notable más que como el inicio de una transformación institucional duradera.
Por otro lado, el decomiso de bienes ordenado posee una trascendencia que incluso supera la dimensión simbólica de las penas privativas de libertad. Durante demasiado tiempo la lucha contra la corrupción se concentró en la posibilidad de encarcelar a los responsables, dejando en un segundo plano la recuperación efectiva de los recursos sustraídos al patrimonio público. Una política anticorrupción verdaderamente eficaz debe perseguir ambos objetivos: castigar a los responsables y privarlos de los beneficios económicos obtenidos mediante actividades ilícitas.
La ciudadanía dominicana puede comenzar a convencerse de que el sistema institucional sí puede producir decisiones de enorme impacto. Pero no resultaría extraño que mantenga también una saludable prudencia, porque la consolidación del Estado de derecho depende de la capacidad de las instituciones para repetir el mismo comportamiento una y otra vez, frente a los mismos hechos y bajo las mismas reglas. ¿Es el resultado del caso Coral el comienzo de una nueva etapa en la lucha contra la corrupción o simplemente una excepción memorable dentro de una larga historia de impunidad? Esa es, desde ahora, la pregunta verdaderamente decisiva.
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