El canciller uruguayo, Rodolfo Nin Novoa, aseguró este martes que analizar la situación del expresidente peruano Alan García, quien es investigado por presunta corrupción y solicitó asilo en Uruguay tras asegurar ser víctima de persecución política, "es una decisión difícil" para su Gobierno.

"Uruguay hizo lo que tiene que hacer, acogió la solicitud de asilo porque vino un expresidente, golpeó la puerta de la embajada de territorio nacional, (…) y dijo: 'vengo a pedir asilo porque me están persiguiendo'. Uruguay, recogiendo una honrosa tradición que tiene de hace muchísimos años, dijo: 'pase'", narró el canciller.

En este sentido, Nin Novoa señaló a la prensa que Uruguay se tomará "el tiempo necesario" para tomar una decisión cuando corresponda y que, si bien ya ha pasado más de una semana desde que se hizo el pedido, se perdieron un par de días porque él se encontraba en una misión oficial en Bruselas.

Asimismo, explicó que ya le llegaron más de mil folios respecto al caso, que están siendo estudiados "con tranquilidad".

Respecto a las organizaciones de derechos humanos peruanas que se desplazaron a Uruguay para pedir que se le niegue el asilo a García, el canciller sostuvo que nadie le ha pedido para hablar y que él no cree conveniente que se reúna con nadie.

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"Ellos vienen en representación de fuerzas políticas. Cada uno tendrá sus intereses, (pero) nosotros estamos analizando esto con total independencia y total criterio propio", acotó.

Nin Novoa reconoció que hay algunos antecedentes en los que el Gobierno uruguayo se puede basar como el caso del político del peruano Víctor Haya de la Torre, que estuvo en la embajada de Colombia en la década de los cincuenta, pero que se trata de "un proceso engorroso, largo" en el que confluyen la voluntad de los dos países.

"La Cancillería peruana, siguiendo el protocolo de la convención de Caracas de 1954, mandó información que está en poder de las autoridades uruguayas. La estamos estudiando y cuando tengamos una decisión será comunicada primero a la Cancillería y al Gobierno", concluyó.

García está investigado por los presuntos delitos de colusión y lavado de activos en el caso de los sobornos pagados por la constructora brasileña Odebrecht para la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima.

Puesto que reside en Madrid desde 2016, a García un juez le prohibió el pasado sábado salir de Perú por 18 meses, mientras continúan las investigaciones, medida con la que estuvo conforme, pero horas después solicitó el asilo diplomático a Uruguay bajo el argumento de que hay una persecución política en su contra.