Gabriel Boric | Foto: EFE/Elvis González
El presidente de Chile, Gabriel Boric, reiteró este jueves su rechazo al polémico proyecto minero que llevó al exmandatario Sebastián Piñera a los papeles de Pandora, después de que la Justicia dejara el miércoles en manos del Estado su viabilidad.
"Yo he expresado una posición muy clara sobre este proyecto. Ahora está en una instancia que le corresponde al Estado. Les corresponde a los ministros pronunciarse", dijo el mandatario en un punto de prensa.
"Mi posición al respecto del proyecto no ha cambiado", agregó el progresista, que en el pasado aborreció esta megaconstrucción en ciernes de la compañía chilena Iron Andes que busca instalar una mina cercana a una reserva natural única en el mundo, donde habita la mayor comunidad de pingüinos de Humboldt.
La Corte Suprema de Chile rechazó el miércoles acoger las demandas de comunidades y ambientalistas, lo que dejó en manos de un comité administrativo del Gobierno de Boric, la decisión sobre la viabilidad ambiental de la mina.
El proyecto, que prevé una inversión de 2.500 millones de dólares para extraer minerales durante 22 años, fue supuestamente vendido por una empresa de los hijos de Piñera en Islas Vírgenes Británicas, apenas nueve meses después de que asumiera el cargo para su primer mandato (2010-2014).
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Esto fue revelado por la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), que detalló que el proyecto se vendió al empresario y amigo de la familia Carlos Alberto Délano por 152 millones de dólares, 138 de los cuales se concretaron en el paraíso fiscal.
Los detractores de Dominga, que se emplazaría a 60 kilómetros de la ciudad de La Serena (centro-norte), señalan que causaría un daño ambiental irreversible en la región y Boric llegó a decir en agosto de 2021 que "destruiría uno de los ecosistemas marinos más importantes que hay en América Latina".
El proyecto ya fue rechazado por una comisión ambiental en 2017, durante el Gobierno de Michelle Bachelet, pero el pasado agosto, después de que Andes Iron apelara y se judicializara la causa, recibió el beneplácito de una instancia formada por 12 personas, 11 de ellas nombradas por el Gobierno de Piñera.
Sin embargo, la batalla en tribunales continuó a finales de 2021 puesto que organizaciones de derechos humanos y ambientalistas decidieron llevarlo ante la Corte Suprema.
