Michelle Bachelet | Foto: EFE Salvatore Di Nolfi
Venezuela volvió ayer miércoles a protagonizar una sesión en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde la alta comisionada Michelle Bachelet dijo que el retorno a una situación de respeto de los derechos y libertades es más importante que nunca, ya que 2020 será un año electoral.
Está previsto que los venezolanos acudan a las urnas el 6 de diciembre próximo para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional, donde la oposición tiene actualmente mayoría y que está presidida por Juan Guaidó, quien el pasado abril lideró un conato de levantamiento militar.
En una reunión del Consejo convocada para que Bachelet presenté información actualizada sobre la situación en Venezuela, la alta comisionada consideró preocupante que la Asamblea Nacional Constituyente -órgano legislativo paralelo controlado por el oficialismo- haya suspendido la inmunidad de cuatro diputados.
Ese órgano tomó una decisión similar meses atrás contra otros diputados, lo que ha llevado el número total de legisladores sin inmunidad a treinta, varios de los cuales están exiliados.
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En otro punto de su presentación, la alta comisionada denunció que las autoridades venezolanas hagan llamamientos para armar a milicias y la iniciativa que se ha presentado ante la Asamblea Constituyente para que se incorpore a miembros de estos grupos a las Fuerzas Armadas.
Asimismo, insistió en que los protagonistas de la política venezolana deben reanudar las negociaciones para sacar al país de la crisis económica y política en la que está inmerso, y ofreció el apoyo de su organismo con este fin.
Para ello, instó nuevamente a que se libere a los prisioneros por razones políticas, incluidos algunos militares, como se hizo en septiembre y octubre pasados con 28 personas que estaban detenidas por las mismas razones.
Una mejora de la situación no está prevista en el corto plazo, según la proyección de una plataforma de datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y que indica que el número de venezolanos que habrán abandonado el país a finales de 2020 llegará a 6,5 millones, frente a 4,7 millones en la actualidad.
Bachelet sostuvo que, en ese contexto, se teme que las restricciones a la entrada de venezolanos impuestas por algunos países de la región, así como las dificultades para la obtención de documentos para viajar, propicien más migración irregular.
El Gobierno aumentó recientemente el coste para la emisión de un pasaporte, que representa 54 salarios mínimos en Venezuela.
Tras la exposición de Bachelet, varios países intervinieron para preguntar a la alta comisionada sobre la posibilidad de que su organismo establezca una oficina con plenas capacidades en Venezuela para hacer un seguimiento más detallado de la situación.
La Oficina de Derechos Humanos de la ONU llegó el pasado septiembre a un acuerdo con el Gobierno de Nicolás Maduro que, por primera vez, aceptó una presencia de la ONU en Venezuela, pero que se limita a dos expertos del equipo de Bachelet que pueden desplazarse por todo el país y tienen acceso a los centros de detención.
Bachelet dijo que en las doce semanas que llevan trabajando esos expertos se ha notado cierta apertura y voluntad de colaboración de las autoridades, lo que les permitió visitar nueve prisiones del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Servicios Penitenciarios, y entrevistarse de forma confidencial con 70 detenidos.
Sin embargo, indicó que esperan la respuesta a su solicitud para visitar también centros de detención de los servicios de inteligencia civil y militar, lo antes posible.
Está previsto que el acuerdo sea revisado por la Oficina de la alta comisionada y el Gobierno de Venezuela en marzo próximo, lo que será "una oportunidad para discutir sobre el (eventual) establecimiento de una oficina con plenas capacidades", prometió Bachelet.
"Tenemos el propósito y la disponibilidad de incrementar gradualmente nuestra presencia", aseguró.
Al comentar la presentación de la alta comisionada, el embajador de Venezuela ante la ONU en Ginebra, Jorge Valero, criticó la convocatoria a una reunión para hablar de su país y que se estén así "malgastando" los recursos de este órgano.
Según el diplomático, el seguimiento de la situación de derechos humanos en Venezuela le está costando hasta el momento 2,5 millones de dólares a la ONU.
Valero arremetió a continuación contra Chile, país del que Bachelet ha sido presidenta dos veces, a cuyo gobierno recomendó preocuparse más por las violaciones de derechos humanos en las protestas ciudadanas que se iniciaron hace dos meses.
