Palacio de Justicia del Distrito Nacional | Foto: Kelvin de la Cruz
Yanibet Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó para el viernes 18 de julio el conocimiento de la medida de coerción contra Ingrid Altagracia Jorge Pérez, conocida como “La Torita”, quien enfrenta acusaciones de difamación e injuria por parte de la ministra Faride Raful.
En ese sentido, la funcionaria reclama una indemnización de cincuenta millones de pesos dominicanos (RD$50,000,000.00) por los daños y perjuicios supuestamente causados por Jorge, a raíz de declaraciones emitidas a través de plataformas digitales. En el documento depositado ante la Procuraduría General de la República, la ministra afirma que dichas expresiones han afectado su integridad moral, así como la de su familia.
La querella solicita además que se reconozca su constitución en actor civil conforme a los artículos 285 y 286 del Código Procesal Penal, y se autoricen todas las diligencias necesarias para completar la investigación.
La funcionaria también interpuso una segunda acción legal contra el autodenominado detective Ángel Martínez, quien habría participado en la difusión de las mismas acusaciones. Aunque Martínez ha ofrecido disculpas públicas, el abogado de la ministra, Miguel Valerio, sostuvo que “no ha reconocido la falsedad de sus afirmaciones”, las cuales —según indicó— afectaron directamente la vida privada de Raful y de su entorno familiar, incluyendo a un hijo menor de edad.
“Esto no se trata de un simple perdón. Aquí hay implicaciones graves que afectan la vida privada y la imagen pública de la ministra y su entorno familiar”, señaló Valerio.
