Foto cedida a Z Digital.
A más de diez días de que el Ministerio Público (MP) interpusiera un recurso de oposición a la jueza del caso Calamar, Ana Lee Florimón, la Corte de Apelación del Distrito Nacional aún no revisa la recusación para determinar si la aparta o no del caso, según informaron los abogados de los acusados del proceso.
Esta sería la causa por la que el Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional aplazó la audiencia que estaba programada para hoy, y que se realizará el viernes 23 de febrero, a las 9:00 de la mañana.
La recusación fue interpuesta el pasado 5 de febrero por la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), un mes después de la celebración de la audiencia en la que se conoció la petición de prórroga hecha por el órgano acusador.
En la audiencia de hoy se esperaba que se fallara sobre la prórroga de cuatro meses solicitada por los fiscales para completar el expediente en este caso, en el que el MP no ha presentado acusación formal a pesar de que el proceso inició hace más de tres años.
“Prórroga de facto” y “temeridad judicial”
Sobre la recusación, el equipo legal del ex ministro José Ramón Peralta expresó que “la única manera de calificar esa acción del Ministerio Público es de temeridad judicial, pues ninguna de las partes involucradas en un determinado proceso debe recusar a un juez cuando tiene una decisión en estado de fallo como en este caso”.
Por su parte, la abogada Laura Acosta, quien forma parte de la defensa del ex ministro Gonzalo Castillo, la calificó como una “chicanería” y una “barbaridad” ante un caso que se suponía “blindado”.
“Es una prórroga de facto, es el equivalente a un golpe de estado judicial (…) Como no tengo nada, tengo que recusar a la jueza para que me den más tiempo obligado. Esta investigación concluyó el 20 de noviembre y tenía más de tres años. Esto es inexplicable”, afirmó Acosta.
De acuerdo al fiscal Arolin Lemos, la decisión de la Pepca se debe a comportamientos de la jueza Florimón “que han sido entendido como parcializados, sobre el acceso a la carpeta fiscal de forma total”.
El acceso a la carpeta fiscal ha sido un reclamo constantemente de los abogados de Gonzalo Castillo, José Ramón Peralta y Donald Guerrero, quienes han alegado que los fiscales se la han negado por encima de las órdenes de la procuradora Miriam Germán y de los tribunales que se han pronunciado con sentencias recientes. Ante esto, las defensas recurrieron a otras instancias para intentar obtener acceso a las supuestas pruebas recopiladas durante la investigación.
