Al menos 20 personas fueron detenidas este lunes en medio de una huelga de 24 horas convocada por organizaciones populares para exigir mejoras económicas y sociales en el Cibao, en la región norte de República Dominicana, según activistas.
El coordinador de la Coalición de Organizaciones Populares, que convocó las protestas, Osvaldo Brito, declaró a Efe que "al menos 20 personas se encuentran detenidas" y pidió su libertad inmediata.
La mayoría de las detenciones se produjeron en el sector de Ciruelitos, en Santiago de los Caballeros, y en la localidad de Licey Al Medio, al este de esta ciudad, la segunda en importancia de la República Dominicana, según la fuente.
El portavoz de la Dirección Cibao Central de la Policía Nacional, coronel Juan Guzmán Badía, confirmó que se produjeron detenciones, aunque no aclaró su número, y explicó que "las personas arrestadas alteraban el orden en las vías publicas".
Guzmán afirmó que "no hay personas heridas y el ambiente está en calma" en las catorce provincias que integran el Cibao, como se conoce la región norte del país.
En las primeras horas de hoy se produjeron protestas violentas en el sector Ciruelitos, en Santiago, donde manifestantes encapuchados lanzaron piedras contra vehículos, según constató un periodista de Efe.
El seguimiento de la huelga fue desigual y fue especialmente amplio en San Francisco de Macorís, segunda ciudad más grande del norte, donde casi la totalidad de los establecimientos comerciales cerraron sus puertas y el transporte público era escaso, en medio de un fuerte despliegue de agentes de la Policía y el Ejército.
La huelga no fue secundada en otras provincias del norte, como en las fronterizas de Dajabón, Valverde, Santiago Rodríguez y Montecristi.
El presidente de la Asociación de Comerciantes del mercado binacional de Dajabón, Abigaíl Bueno, dijo en declaraciones a periodistas que la convocatoria no se sintió en ese pueblo fronterizo, donde cada lunes suele haber una gran afluencia de comerciantes procedentes de Haití.
Los convocantes de la huelga, la Coalición de Organizaciones Populares, exigen el fin de la impunidad de los políticos sospechosos de corrupción, así como la ejecución de obras para mejorar el suministro de agua potable y de electricidad.
Asimismo, demandan la revisión de la ley de hidrocarburos, rebajas sustanciales de los precios de los combustibles, así como la despenalización del aborto, o que se dote a la población de sanidad gratuita y de calidad.