La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) reiteró este lunes su pedido de la firma de un gran pacto nacional para reformar la Constitución y así unificar las elecciones municipales, congresuales y presidenciales.
A través de un comunicado, Adocco consideró que unificando las elecciones, se evitaría un caos que desborde la capacidad de la Junta Central Electoral (JCE), la cual tiene que montar unas elecciones en febrero y otra en mayo, sin tomar en cuenta los conflictos propios de esos procesos electorales.
En su propuesta anterior, la organización clamó para que, por primera vez en la historia, la Constitución adopte una forma rígida, que evite que los presidentes de turno propicien reformas para su beneficio, como tradicionalmente ocurre.
Los últimos tres presidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, en apenas 23 años, promovieron reformas para el restablecimiento de la reelección presidencial por lo que, Adocco estimó, sería lo más conveniente la firma de un pacto que incluya un blindaje por 30 años y que para que se pueda reformar, luego de vencido ese tiempo, tenga que ser sometida una consulta y posteriormente a un referéndum aprobatorio.
Para que ese pacto se produzca, necesariamente debe ser convocado por el presidente de la República, por su liderazgo y la fuerza que posee en el Congreso, ya que sin su participación sería imposible realizarla.
“Solo una reforma estructural a gran escala y con la participación de todos los sectores de la vida nacional se podría erradicar el fantasma de la reelección presidencial, incluyéndola dentro de las clausulas pétreas, para que todo aspirante a la presidencia llegue convencido de que si el pueblo lo vota por dos períodos o no, saldrá del escenario de manera automática, permitiendo un mayor flujo del liderazgo político del país”, dijo el presidente de Adocco, Julio de la Rosa.
La entidad de la sociedad civil además propone la eliminación de la disposición transitoria vigésima que prohíbe que el actual presidente Danilo Medina vuelva a aspirar a la Presidencia.
De igual forma, propone que el Ministerio Público sea autónomo, escogido por un mecanismo que incluya además de los órganos constitucionales, a sectores de la academia y sociedad civil y excluir al procurador general del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), para que ese órgano constitucional retorne a la esencia que le dio origen.
Incluir como órgano constitucional al fiscal general anticorrupción, que tendría autonomía en su accionar, designado por el CNM, con las mismas exigencias de los jueces de las altas cortes, responsable de los delitos de corrupción, en los ámbitos privados y público.
Además, el fiscal general electoral que tendría autonomíaen su accionar y también sería designado por el CNM, con las mismas exigencias de los jueces de las altas cortes, responsable de la persecución de los delitos electorales.
Establecer que para futuras reformas a la Constitución esta tenga que ser previa a la celebración de un plebiscito, organizado por la Junta Central Electoral, sobre la necesidad de la reforma, previa difusión de la necesidad de la misma, para la que se necesitaría una mayoría calificada de la población inscrita en el padrón electoral y ser aprobada, mediante un referendo aprobatorio, hasta 30 años después de la propuesta.