Keiko Fujimori | Foto: EFE
La abogada de la excandidata presidencial peruana Keiko Fujimori, Giuliana Loza, pidió este miércoles a la Corte Suprema de Justicia que repare la "grave injusticia" de su detención por los presuntos aportes de la empresa brasileña Odebrecht a su campaña de 2011.
Loza intervino, a nombre de Fujimori, en la audiencia de casación ante los jueces de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia, que decidirán si la fundadora del partido Fuerza Popular continúa las investigaciones bajo prisión.
"Es momento de que la Corte Suprema pueda reparar esta grave injusticia, solo pedimos justicia para que la señora Keiko Fujimori pueda recuperar su libertad y estar al lado de su familia", expresó Loza.
La resolución será emitida el próximo 9 de agosto, según anunció la Sala Penal Permanente, después de escuchar a Loza y a los abogados de otros implicados en el proceso contra Fujimori y el partido Fuerza Popular.
La hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) está recluida en la prisión de mujeres de Chorrillos desde octubre del año pasado debido al proceso por presuntos aportes ilegales de Odebrecht a sus campañas electorales y, desde entonces, ha presentado varios recursos para pedir su excarcelación, que han sido rechazados.
Loza pidió que se restablezcan los derechos fundamentales para Fujimori y remarcó que nunca han perdido "la fe en que recupere su libertad y que termine esta terrible pesadilla".
En su argumentación, la letrada dijo que la sala que ordenó la detención por 36 meses contra Fujimori no fundamentó el grado de sospecha grave de la comisión del delito de lavado de activos, imputado a su clienta, pero que pese a ello mantuvo la prisión preventiva.
"El único argumento del juzgado es el comportamiento de terceras personas, como fulano de tal en aquel otro caso fugó, tu también te puedes fugar", declaró Loza y rechazó que ese sea un criterio constitucional.
Además, remarcó que "no hay peligro de fuga" en Keiko Fujimori porque han demostrado su arraigo en el Perú, donde viven su esposo estadounidense e hijas.
Loza dijo que el principal argumento de la Fiscalía para pedir su detención preventiva ha sido "la supuesta existencia de obstrucción de la justicia", que se le atribuye por ser líder del partido Fuerza Popular.
Así, mencionó las declaraciones de tres supuestos aportantes, "que ni siquiera mencionan a Keiko Fujimori", y la presentación de un testigo protegido, que supuestamente tampoco vincula a la lideresa opositora.
"Debería descartarse el peligro de obstrucción a la justicia, a no ser que haya alguno que se haya sentido amenazado, pero es un sentimiento de temor, que no atribuyen a ninguna persona", expresó la abogada de Fujimori.
Loza añadió que "se alega que existiría una amenaza a los testigos, pero no existe una fundamentación mínima de la existencia de una amenaza de Keiko Fujimori o de los integrantes del partido".
Igualmente, rechazó que haya existido acto de demora o dilación en el proceso porque Fujimori "ha asistido a todas las citaciones, y ha cumplido con entregar la documentación" solicitada por el Ministerio Público.
Durante la audiencia de casación también participaron los abogados del exministro Jaime Yoshiyama, quien presuntamente recibió medio millón de dólares de Odebrecht, y de los exasesores de Fujimori, Pier Figari y Ana Herz, todos detenidos preventivamente en cárceles de Lima.
El abogado de Yoshiyama, Humberto Abanto, recordó las confesiones del exsuperintendente de Odebrecht en Perú, Jorge Barata, a los fiscales peruanos de que entregó a su cliente medio millón de dólares, en efectivo, a la campaña de Fujimori en 2011.
Sin embargo, precisó que otro exfuncionario de la constructora, Fernando Migliaccio, aclaró que la empresa no entregaba dinero en efectivo a nadie.
Abanto criticó que se haya aceptado en el proceso esta "contradicción aparente" y que hayan dado preferencia a los reportes de ingreso de dinero, "sin establecer el orden en el tiempo, ni en los montos".
La resolución de la Sala Penal Permanente sobre el caso de Fujimori puede sentar precedente para otros imputados del escándalo de Odebrecht en Perú, dado que existen investigaciones similares contra los expresidentes Alejandro Toledo, detenido en Estados Unidos mientras se tramita su extradición, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, con prisión preventiva domiciliaria.
