El presidente Luis Abinader promulgó la Ley núm. 1-25, que modifica la Ley núm. 138-11 Orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura para adaptarla a la reforma constitucional proclamada el 27 de octubre de 2024, incorporando cambios en la selección del procurador general de la República y sus adjuntos, además de ajustar la composición del órgano.
Como señala la norma suprema, a partir de su vigencia, el procurador general de la República no será más un funcionario de designación unilateral del presidente de la República, sino que éste debe proponer a una persona que cumpla con determinados requisitos constitucionales al Consejo Nacional de la Magistratura para su aprobación.
Dicho órgano, en el que conviven los demás Poderes Públicos y en el que coexisten las distintas ideas políticas de la nación, puede aprobar o desaprobar su propuesta, así como de 7 procuradores adjuntos.
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Del mismo modo, la ya promulgada Ley núm. 1-25 recoge la introducción del presidente del Tribunal Constitucional como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y la salida del procurador general de la República, figura que se había introducido en la reforma constitucional de 2010.
El Consejo Nacional de la Magistratura tiene el cometido de avocarse ahora a conocer y aprobar el reglamento correspondiente para la aplicación de la Ley, y proceder a la escogencia de las máximas autoridades del Ministerio Público, así como las demás funciones pautadas para este año, como son la evaluación de algunos de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, así como llenar vacantes disponibles en dicho órgano.
Según la nota de prensa, partir de julio de este año, debe también conocer de la evaluación y designación de los miembros del Tribunal Superior Electoral.
