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La Corte Suprema de Brasil ratificó este ayer jueves que es deber del Estado suministrar o financiar el coste de medicamentos para las enfermedades consideradas «raras», que son en general de elevados precios e inaccesibles para los más pobres.
Después de un debate que se prolongó durante dos sesiones, el tribunal reafirmó la jurisprudencia que existe sobre el asunto y concluyó que el Estado es «solidariamente responsable en demandas en el área de salud«, por lo que está obligado a «resarcir a aquellos que han debido incurrir en altos costes financieros» por medicinas.
También concluyó que, en el caso de las personas más pobres, que no están en condiciones de pagar por esos remedios, el Estado debe proveerlas en forma gratuita a través de las redes de la sanidad pública, siempre y cuando se compruebe la dificultad económica de quienes las precisan.
Un condicionante subrayado por el tribunal establece que los medicamentos solicitados deberán haber sido previamente aprobados por las autoridades de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), que es responsable por el control de los remedios que circulan en el país.
La única excepción sería para medicamentos procedentes de otros países que aún no hayan sido aprobados por la Anvisa pero tengan una comprobada efectividad para algún tratamiento y sean solicitados por pacientes en forma individual, quienes podrían ser autorizados a la importación, con financiación pública, con la venia de esa agencia.
El tribunal también indicó que la responsabilidad por esos costes debe ser asumida, en ese orden, por las autoridades municipales, por las administraciones de cada uno de los 27 estados del país o, en el último caso, por el Gobierno federal.
El magistrado Ricardo Lewandowski, uno de los once miembros de la Corte Suprema, subrayó que la jurisprudencia del tribunal «siempre fue firme en que la dotación de medicamentos que no consten en los registros de Anvisa son excepcionales».
En ese marco, Lewandowski apuntó que, «aunque en principio no es posible exigir que los remedios no autorizados por la Anvisa sean suministrados en el país, en circunstancias excepcionales el asunto puede y debe ser analizado».
