A su llegada a la Presidencia de la República, Luis Abinader anunció que había recibido un país, prácticamente quebrado, con las “arcas vacías”, como se dice regularmente. Tras esas declaraciones y, tomando en cuenta que había recibido a un país en crisis económica, como consecuencia de la parálisis de las actividades productivas para paliar los efectos del covid-19, se asumía que el mandatario se iba a enganchar en esa situación para justificar una necesaria reforma fiscal.

Esto así, porque los niveles de endeudamiento público para financiar el presupuesto están tan elevados, que ya se van tornando insostenibles para la efectiva operatividad del Estado.

A finales del año pasado el Poder Ejecutivo envió al Congreso Nacional un proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2021 con la inclusión de una “mini reforma fiscal”, la cual fue rechazada por una parte importante de la sociedad.

Por esa razón, el presidente Abinader anunció, el 6 de octubre, que dejaría sin efecto esa propuesta impositiva y que compensaría los recursos deseados con un acuerdo de adelanto de impuestos de parte del sector financiero y de la minera Barrick Pueblo Viejo.

Sin embargo, dejó claro que la reforma fiscal es necesaria y por eso convocó al Consejo Económico y Social (CES) para que en un período de seis meses alcanzara el consenso para un Pacto Fiscal, que ha de incluir una reforma tributaria y que se aprobaría este año para su entrada en vigencia en 2022.

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El 27 de febrero de este año, en su discurso de rendición de cuentas, el mandatario no mencionó en ningún momento el Pacto Fiscal, aunque sí se refirió en una sola ocasión a la “necesaria reforma fiscal”.

El 6 de abril se cumplieron los seis meses anunciados por el mandatario el octubre para tener lista la propuesta de Pacto Fiscal y nada ocurrió. De hecho, pasó un mes más sin que el CES haya convocado a reuniones para consensuar este compromiso contenido en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (END).

En los meses siguientes a octubre, el presidente Abinader ha variado su discurso al enfocarse más en mensajes de recuperación económica, generación de empleos, despegue de sectores productivos y de servicios y hasta de control prácticamente total de la pandemia en el país.

Con ese discurso, se asume que Abinader estaría identificando la forma de gobernar estos cuatro años sin someter lo que él mismo definió en su momento como una “necesaria reforma fiscal”. La actitud del mandatario puede tener su origen en el hecho de que se torna difícil proponer aumentos de impuestos, ampliación de base imponible o nuevos gravámenes en medio de una negada, pero aun así, real crisis.

Incluso, basta con ver lo que está ocurriendo en Colombia, donde la propuesta de una reforma fiscal ha provocado protestas sociales que ya llevan decenas de muertes y un estado de inestabilidad indeseado.

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Pero las alternativas para evitar una reforma fiscal no son muchas, aunque se ha hecho año. De un lado las recaudaciones fiscales hasta el primer trimestre van por encima de las estimaciones, lo que permite controlar el déficit. De otro lado, el gobierno logró renegociar parte de su deuda pública y bajarle US$427 millones a los compromisos de pago de este año, lo cual también permite controlar el endeudamiento.

En forma adicional, el gobierno ha restringido el gasto público con la prácticamente paralización de la inversión de capital en obras públicas, con lo que también puede tener un ahorro, aunque de consecuencias desfavorables, pues la gente cada vez más se queja de la inacción en soluciones viales y de otras necesarias infraestructuras.

De hecho, ya la iglesia católica se pronunció por medio de su arzobispo metropolitano de Santo Domingo, en el sentido de que el Gobierno debe hacer que el cambio se note con la conversión de anuncios en acciones, porque hasta ahora, es poco lo que se puede exhibir.

Es posible que el jefe del Estado esté apostando más a dejar de hacer algunas necesarias, pero no imprescindibles, inversiones públicas, para agenciarse los recursos que compensen la decisión de no presentar esa “necesaria”, pero “indeseada” reforma fiscal.

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