Leidy Blanco, del área de Política Electoral de Participación Ciudadana.
La Coordinadora General del Movimiento Participación Ciudadana, licenciada Leidy Blanco García, advirtió que una eventual reforma constitucional debe versar exclusivamente sobre la independencia del Ministerio Púbico y la necesidad de crear un Ministerio de Justicia.
Entrevistada en el programa Esferas de Poder, sostuvo que no es prudente abordar el tema de una reforma constitucional para debatir el tema de la reelección presidencial.
La activista de la sociedad civil entiende que el debate constitucional se produce en el marco del fortalecimiento institucional, por lo que introducir la reelección debilitaría todos los avances que se han logrado.
“Quizás dentro del marco de una reforma constitucional sería importante abordar la creación de un Ministerio de Justicia”, adujo.
Argumentó que actualmente el Ministerio Público tiene a su cargo la persecución del delito, como parte de la política criminal del Estado, y el sistema penitenciario, donde se consume la mitad del presupuesto.
Sostuvo que el Ministerio de Justicia asumiría la política criminal del Estado y la administración del sistema penitenciario debe estar en el Poder Ejecutivo, de la mano con el Poder Judicial y el Ministerio Público.
Advirtió que mientras más funciones se le dan al Ministerio Público más débil se torna en el ejercicio de su trabajo.
Blanco García manifestó que anteriormente había un Ministerio Público secuestrado y al servicio de la corrupción.
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“El nivel y el grado de impunidad que nos arropaba durante más de 20 años, podemos decir que ha sido el reflejo de un Ministerio Público inoperante, un Ministerio Público que estaba al servicio de la corrupción”, enfatizó.
Planteó que la mayoría de los casos de corrupción se reflejan en las compras y contrataciones públicas que hace el Estado.
Entiende que en el país han pasado muchos años de impunidad y citó que Participación Ciudadana publicó un libro donde se refleja que han transcurrido 20 años de corrupción sin castigo.
Sin embargo, dijo que la designación de un Ministerio Público independiente, de la mano de Miriam Germán Brito, Yeni Berenice Reynoso y Wilson Camacho ha devuelto la esperanza de que todos los ciudadanos pueden aspirar a un país más justo.
“Lo hemos visto porque han hecho un ejercicio apegado al debido proceso, pero también un ejercicio que no importa dónde esté la corrupción”, puntualizó.
Considera que entre las grandes fortalezas como avances en materia institucional del gobierno está la designación de un Ministerio Público independiente, lo mismo que la Cámara de Cuentas, la Junta Central Electoral y el Defensor del Pueblo.
“Podemos ver que desde el Estado realmente hay una voluntad con temas de fortalecimiento institucional y eso nosotros lo valoramos como positivo”, recalcó la activista de la sociedad civil.
Sin embargo, afirmó que existe un desequilibrio muy grande, en materia de género, porque el en Tribunal Superior Electoral (TSE) solo fue designada una mujer, solo hay dos mujeres ocupando ministerios y en el Ministerio de Vivienda fue designado un hombre.
Indicó que el gobierno ha tenido que recurrir el endeudamiento por falta de recursos para mitigar la crisis sanitaria originada por la pandemia del Covid-19.
No obstante, exhortó al Congreso Nacional a que cumpla con su papel de fiscalización del destino de los empréstitos, que deben ser utilizados con la debida transparencia y eficiencia.
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“Se quiere aprobar un Código pisoteando los derechos de la mujer”
La Coordinadora General de Participación Ciudadana, Leidy Blanco García, aseguró que se pretende aprobar un proyecto de Código Penal pisoteando los derechos de la mujer y las comunidades vulnerables.
Asimismo, advirtió que también se busca instaurar la jurisdicción penal militar en la pieza legislativa, cuya figura es contraria a la Constitución de la República, como ha quedado establecido en sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional.
“Nosotros desde Participación Ciudadana hemos sido muy claros, ese proyecto de Código Penal, que se va a conocer en esta legislatura, representa un grave retroceso en materia de derechos humanos”, significó.
Blanco García afirmó que la pieza contiene vulneraciones de los derechos de las mujeres y excluye la discriminación por motivo de género y sexual.
Deploró la ocurrencia de esta acción, a pesar de que se llamó a vistas públicas donde participaron diversos sectores, entre ellos Participación Ciudadana.
Criticó que no se tomaran en cuenta las sugerencias hechas por la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, antes de que la comisión del Senado rindiera un informe favorable a la pieza legislativa.
Sugirió a los legisladores a escuchar a todos los sectores para evitar aprobar un proyecto lesionador de derechos.
