Yeni Berenice Reynoso I Foto: PGR
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, destacó ante decenas de profesores y técnicos de educación de todo el país que la escuela debe ser un espacio para formar ciudadanos respetuosos de la dignidad humana, críticos y comprometidos con los valores que sostienen el contrato social.
Reynoso explicó que la corrupción rompe el pacto social planteado por el filósofo Jean-Jacques Rousseau (1712-1778).
“Existe un pacto social entre los ciudadanos y el Estado: yo asumo ciertos comportamientos en la sociedad y el Estado me garantiza derechos. Pero cuando hay corrupción, ese pacto se rompe, y al romperse se daña la sociedad y la convivencia colectiva, porque vivir en comunidad requiere reglas”, afirmó.
Agregó que el objetivo del contrato social es garantizar una convivencia pacífica, desarrollada y armoniosa dentro de la sociedad.
La procuradora habló durante una jornada organizada por el Ministerio de Educación dirigida a directores regionales, distritales y personal de la sede central, con el propósito de fortalecer el conocimiento sobre los principales alcances de la nueva Ley de Compras y Contrataciones Públicas y del nuevo Código Penal.
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La actividad fue encabezada por el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps, y contó con las intervenciones de Milagros Ortiz Bosch, directora general de Ética e Integridad Gubernamental, y Carlos Pimentel, titular de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas.
Durante su intervención, Reynoso valoró la educación como una herramienta clave para transformar la sociedad.
“Como hija de maestro y docente, siempre he creído que la educación no se limita a transmitir conocimientos a jóvenes o adultos; debe ser parte esencial en la formación del ser humano”, expresó.
Añadió que el desarrollo de una sociedad depende en gran medida de la educación y de los valores que esta promueva.
“Educar implica acompañar, comprender y apoyar. Significa formar hombres y mujeres libres, críticos, creativos y capaces de participar en la construcción de una sociedad democrática, justa, solidaria y respetuosa de la dignidad humana”, indicó.
Reformas del nuevo Código Penal
La procuradora también abordó algunas de las novedades del nuevo Código Penal, entre ellas la tipificación y sanción del bullying.
Explicó que esta conducta ahora será considerada un delito, especialmente por el impacto que puede tener en niños, niñas y adolescentes, agravado por la difusión en redes sociales.
“El bullying no es una broma; vulnera la dignidad de las personas y resulta especialmente delicado cuando involucra a menores de edad”, afirmó durante la actividad realizada en el Salón Independencia del Ministerio de Defensa.
Reynoso indicó que el Código Penal (Ley 74-25), que entrará en vigencia en agosto de este año, incorpora nuevos delitos y refuerza otros ya existentes.
Entre las disposiciones, explicó que cuando una persona, bajo los efectos del alcohol, cause la muerte de otra en un accidente de tránsito, el hecho no será considerado un simple accidente, sino un delito de dolo eventual, cuya pena podría alcanzar hasta 20 años de prisión.
Asimismo, señaló que el nuevo código contempla sanciones más severas para quienes realicen disparos al aire.
“Es un código moderno y de avanzada que incorpora lo mejor del derecho penal contemporáneo”, afirmó.
También destacó que la corrupción se establece como un delito autónomo.
“Esto significa que cualquier acción u omisión que lesione el patrimonio público con intención dolosa constituye un delito”, explicó.
Recordó que los funcionarios que participen en esquemas fraudulentos para justificar pagos derivados de sobrevaluaciones injustificables de obras o servicios del Estado podrían enfrentar penas de entre cinco y diez años de prisión.
Reynoso también mencionó el abuso de poder como un nuevo tipo penal.
“El poder es para construir país, no para abusar. Debe ejercerse correctamente en beneficio de la colectividad”, sostuvo.
Finalmente, destacó que el código introduce la responsabilidad penal de las empresas.
“Los empresarios y las empresas deben responder por sus actuaciones. Si una empresa le roba al Estado, también debe asumir las consecuencias, porque cada peso del patrimonio público debe recuperarse, ya que representa una oportunidad de mejorar los servicios para la sociedad”, concluyó.
