Ángel Bello
La semana pasada, Día del Poder Judicial, los medios de comunicación de masas tradicionales y las redes sociales daban cuenta de que a la Suprema Corte de Justicia habían sido lanzadas heces fecales por parte de varios miembros del Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO).
Se trataba de una protesta contra lo que la organización califica como impunidad, respecto a los presuntos actos de corrupción pública. Como consecuencia, los jóvenes fueron detenidos por las autoridades competentes, aunque más adelante recobraron su libertad. Las redes sociales se tiñeron de un color contaminante, con el olor putrefacto propio de un acto que provocó náuseas en toda la opinión pública.
Pongamos las cosas en su lugar. Diversos sectores han manifestado que, aún cuando hay razones para poner en tela de juicio muchas decisiones del Poder Judicial, repudian el método de lucha empleado por los manifestantes, por considerarlo un atentado al orden público, la moral y las buenas costumbres. Esa fue la posición de la mayor parte de la población, si partimos de las reacciones en los diferentes medios.
Una de las pocas organizaciones que salió en defensa de los imputados (en honor a la verdad, creo que la única) fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), encabezada por su director, Manuel María Mercedes. Escuchar a la CNDH calificando la acción como "pacífica" resulta en una apreciación excesivamente indulgente que solo se entiende cuando recordamos que dicha comisión ha condenado de manera visceral el accionar de la justicia, lo cual sesgó su rol como profesionales representantes de los jóvenes en el litigio.
Con una vehemente defensa, la CNDH quiso justificar un método de reclamo tan repudiable como la materia fecal que lo contaminó, argumentando que, en lugar de condenar a los jóvenes, las autoridades debieron "… pedirle perdón al pueblo dominicano…", como si una transgresión a la ley se debe enfrentar con otra. En algún momento, incluso, se quiso minimizar el desafortunado episodio atribuyéndolo a la corta edad de los manifestantes, como si se tratase de niños o adolescentes.
Este bochornoso acontecimiento no representa ni a la juventud ni al pueblo dominicano, a pesar de que la CNDH lo calificó de "legítimo". Nuestra Carta Magna no solo contempla derechos fundamentales, sino también deberes, y en su artículo 75, numeral 12, estipula como un deber fundamental "… el respeto del patrimonio público…".
La Constitución y demás leyes, que persiguen la regulación y el control social, están sustentadas en los valores éticos y morales, los cuales orientan el comportamiento hacia el respeto, la responsabilidad y el bienestar común. Lanzar excrementos al patrimonio público y a los símbolos patrios solo favorece las pretensiones de un reducido grupo.
Constituye un contrasentido desconocer los deberes constitucionales y los valores éticos y morales en nombre del reclamo de respeto a la dignidad y al ejercicio de los Derechos Humanos. Los valores, aunque relegados por muchos a un segundo plano durante el debate que suscitó este acontecimiento, son los pilares de la normativa jurídica, la cual traduce a aquellos en reglas y acciones concretas. La práctica de los valores nos hacen mejores seres humanos y garantizan la paz y la convivencia social.
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