Narciso Isa Conde | Foto: Kelvin de la Cruz
Sí, hay que volver sobre la Mafia GLP. Hay que ir incluso más allá del manejo abusivo y uso doloso de la ley de hidrocarburos y sus recaudaciones.
Vale incluir en las demandas populares, además de la rebaja de los combustibles a su precio real, el desmantelamiento de esa y otras mafias en ese sector.
Marcha Verde sometió al Ministerio Público una denuncia penal que inculpa al ex-ministro José del Castillo Saviñón y a Coastal; pero la nueva fiscal se negó a recibirla, mientras que el aventajado ministro se limitó a negar la veracidad de lo denunciado sobre su patrimonio personal.
Así, la gravedad del tema, superior a lo sustentado por Marcha Verde, pretende ser evadida por ese poder mafioso.
Castillo Saviñón debería probar la legitimidad de sus 377 millones declarado como fortuna personal.
Él y sus jefes políticos deberían concretamente desmentir que dos grandes empresas importadoras de gas propano-GLP, Coastal y Geogas sirvieron de instrumentos para la conformación de una mafia estatal-empresarial en ese sector; a beneficio propio y de sus dueños, y con el apadrinamiento del presidente Danilo Medina y la complicidad de su Ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, generalmente encargado de los asuntos turbios empresariales-gubernamentales, como sucede también con las importaciones de alimentos.
Así mismo, el Grupo Martí, propietario deA-, Coastal, y también de Ttropigas, Metro Gas, Sunix y Volvo, debería demostrar que no ha sido escandalosamente favorecido por la resoluciones (07/2013-365 bis/2015) instrumentadas por el propio Castillo Saviñón. Y lo propio debería hacer el magnate de Geogas, Arturo Santana, que primero se asoció a Leonel Fernández y a Luis Manuel Bonietti, y luego pactó con Danilo Medina para continuar la fiesta de fechorías energéticas a costa de nuestro pueblo.
Como no pueden hacerlo, han optado por bloquear, en un sistema judicial bajo su control, investigaciones que fácilmente probarían como se adulteraron los costos de combustibles en barco, fletes, seguros marítimos, operaciones bancarias, manejo de Terminal y administración de la ley… para robarse 12 mil millones de pesos anuales (mil mensuales) en seis años, para un total de 72 mil millones.
Otro monto de 12 mil millones de pesos le robaron los Vicini a Fonper, entidad que debe recibir los beneficios estatales de las empresas eléctricas “capitalizadas”, ni tampoco hay manera de que se haga justicia en el caso de esa otra estafa energética, ni en lo concerniente a los grandes volúmenes de combustibles exonerados de impuestos a corporaciones privadas parasitarias.
Está claro, pues, que para sancionar estas mafias, hay que echar abajo todo este sistema institucional a su servicio. No hay de otra.
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