Martín Vizcarra | Foto: EFE
Mercedes Palomino | Álvaro Mellizo
En cualquier democracia del mundo la disolución de su Parlamento supondría una crisis política y un golpe a la institucionalidad de los poderes. No obstante, en Perú, su disolución constitucional decretada por el Ejecutivo ha sido recibida con un clamor popular y sensación de alivio.
Aplausos y toque de claxon en las calles recibieron de forma espontánea el anuncio, en un contexto en el que las encuestas señalan que un 70 % de los peruanos apoya la disolución del Congreso, dominado por la mayoría fujimorista y sus aliados, que en tres años de legislatura se han puesto de espaldas al sentir popular.
Estos son cinco de esos motivos:
1. INTERESES PARTICULARES FRENTE A GENERALES
Desde un principio, el Parlamento surgido de las elecciones de 2016, dominado ampliamente por el fujimorismo y sus aliados del Partido Aprista del fallecido expresidente Alan García y otros socios de derecha y extrema derecha, fue visto como un enemigo del interés general.
El hecho es que sus políticas de acoso al Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) y luego a Martín Vizcarra parecían seguir tan solo intereses de ese grupo, ya fueran políticos, para destabilizar al Ejecutivo, o económicos y sociales, pero no generales.
El reparto de poder, el uso arbitrario de su dominio de las comisiones en el Congreso, el acoso a sus rivales o la aprobación de normas para vengarse de sus "enemigos", como la ley que impedía la publicidad estatal en medios de comunicación diseñada para atacar a al periodismo no afín, fueron prácticas comunes.
2. OBSTRUCCIONISMO
Parte de ese accionar se hizo evidente en el obstruccionismo al Gobierno, del que hizo gala con el uso y abuso de su potestad de censurar a los ministros del gabinete.
Apenas semanas después de que Kuczynski asumiera el poder, los fujimoristas censuraron al entonces ministro Educación, Jaime Saavedra, e interpelaron a casi media docena de altos funcionarios de su Gobierno.
En 2017 la presión se llevó por delante al gabinete del primer ministro Fernando Zavala, que presentó y perdió una cuestión de confianza para evitar que se censurara a la también ministra Educación, Marilú Martens.
Llegaron incluso a interpelar a quien hoy decretó su disolución, Martín Vizcarra, cuando este fue ministro de Transporte y Comunicaciones; y al ministro de Economía Alfredo Thorne.
Una vez Vizcarra (2018-) asumió el Gobierno en su calidad de vicepresidente tras la renuncia de Kuczynski, el Congreso no cesó en sus presiones al Ejecutivo e interpeló al actual ministro de Justicia, Vicente Zeballos.
3. Y LLEGÓ ODEBRECHT
En febrero de 2017, arrancó con toda su fuerza el vendaval que en el fondo ha terminado por llevarse por delante a toda la clase política peruana: Odebrecht.
Una de las primeras manchas que causaron las confesiones de la empresa brasileña cayeron sobre la líder del fujimorismo, Keiko Fujimori, quien dirigía a los suyos desde la distancia a través de su cuenta de Whatsapp.
Una investigación sobre financiación irregular se convirtió en una acusación formal por lavado de activos en el marco de una organización criminal.
Desde el Congreso, se organizó y dirigió el acoso a la fiscalía que investiga el caso, o al menos así lo percibieron los ciudadanos, que vieron un mayor interés en proteger a su líder que en combatir la corrupción.
Odebrecht confesó que había patrocinado de un modo u otro, irregularmente o no, a prácticamente todos los congresistas, que sin embargo no cesaban de apuntar con el dedo hacia otro lado.
4. INDULTO, PUGNAS Y PRÁCTICAS MAFIOSAS
Mientras la corrupción arreciaba, se produjo un episodio demoledor para la imagen pública de los partidos políticos en general, del fujimorismo en particular.
Los intentos de Kenji Fujimori para lograr de Kuczynski un indulto para su padre Alberto, preso por delitos de lesa humanidad, lo distanciaron de su hermana Keiko.
Mientras la líder opositora orquestaba la destitución del entonces mandatario por sus vínculos con Odebrecht, Kenji salvaba con sus votos al mandatario a cambio de liberar a su padre, que fue indultado.
Poco después, el menor de los Fujimori, quedó grabado mientras negociaba votos en favor de Kuczynski para evitar nuevamente que este fuera destituido.
Kuczynski cayó, y al poco, con Vizcarra como presidente, Alberto Fujimori regresó a prisión entre el llanto de su hija, a la que propios y extraños responsabilizaron de lo sucedido.
El llanto de Keiko tuvo otras razones poco después: la investigación en su contra se convirtió en un pedido de prisión preventiva.
5. CUELLOS BLANCOS
Estos temas quedaron opacados con la aparición del escándalo de los "Cuellos Blancos": unas grabaciones revelaron la existencia de una organización de jueces y fiscales que negociaba favores y prebendas a empresarios y políticos.
Esa red tenía una relación muy estrecha con líderes fujimoristas y otros congresistas, que sin embargo se esforzaron para proteger desde sus escaños a los involucrados.
Los casos más sangrantes fueron el del juez supremo César Hinostroza, sindicado como líder de los Cuellos Blancos, cuyos fueros como juez fueron defendidos por la mayoría del Congreso hasta que este huyó a España, donde fue detenido y se encuentra a la espera de su extradición.
Pedro Chávarry, Fiscal de la Nación, fue otro caso determinante.
Asumió cuando ya era pública su relación con los Cuellos Blancos y desde entonces actuó como un aliado tácito de los fujimoristas, que lo respaldaron y preservaron su inmunidad mientras este intentaba boicotear las investigaciones del Ministerio Público contra los que habían recibido coimas de Odebrecht.
La presión ciudadana terminó con su renuncia como fiscal de la Nación, pero aún sigue como fiscal pese a que ordenó a sus subordinados irrumpir en un local lacrado por disposición judicial y sustraer documentos.
La indignación ciudadana quedó colmada por estas acciones, y dejó al Congreso con una imagen tan pésima como para que las calles estallaran con alegría cuando se conoció la disolución.
