Vacuna | Foto: Pixabay
La introducción de la inmunización contra el papiloma humano en el esquema obligatorio de Costa Rica, como una forma de prevenir el cáncer de cérvix, ha despertado en el país mensajes antivacunas y hasta un recurso de amparo interpuesto por una niña.
Desde el pasado 3 de junio, el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social, ente que administra los centros médicos públicos del país, comenzó una campaña de vacunación obligatoria para unas 35 mil niñas de 10 años de edad, con el objetivo de inmunizarlas contra el virus del papiloma humano.
Al menos tres variedades del virus del papiloma humano son causantes del cáncer de cérvix, por lo que las autoridades de salud del país centroamericano impulsan la vacuna como una forma de prevenir ese mal.
Los datos oficiales indican que cada día se diagnostica un caso nuevo de este tipo de cáncer en el país y que cada tres días fallece una mujer por esta enfermedad.
El virus del papiloma es tan común que casi todos los hombres y mujeres lo contraen en algún momento de su vida adulta. En la mayoría de los casos y gracias a las defensas del cuerpo, el virus desaparece por sí solo, sin causar ningún problema de salud.
Sin embargo, cuando el virus se queda en el cuerpo por mucho tiempo, puede causar problemas de salud como verrugas genitales o cáncer, según han informado las autoridades de salud.
"La vacuna es obligatoria, por lo que en conjunto con el Patronato Nacional de la Infancia y en colaboración con la Fuerza Pública, el Estado tiene la potestad de actuar en caso de que algún padre, madre o encargado, luego de recibir la información correcta y adecuada, se rehúse a vacunar a su hija", ha dicho el ministro de Salud, Daniel Salas.
Pese a ello, han surgido en el país mensajes contra la vacuna, como los de la abogada y exdiputada del conservador Partido Restauración Nacional (cristiano), Alexandra Loría, quien asegura que al obligar a las niñas a vacunarse se les está "violando el principio de autonomía".
Incluso en redes sociales Loría da consejos a los padres de familia para que no apliquen la vacuna a sus hijas, aunque afirma que no es antivacunas, sino que defiende a los padres que se oponen a aplicarlas.
Esta semana también apareció el caso de una niña que presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional en busca de que no le apliquen la inmunización, pues aduce que la vacuna violenta su derecho a la saluddebido a los efectos secundarios.
En redes sociales abundan informaciones sobre supuestos efectos secundarios negativos de las vacunas contra el virus y acerca de la efectividad de éstas, así como otros argumentos como que la inyección motiva a comenzar las relaciones sexuales a temprana edad.
Las autoridades de salud del país han desmentido estas afirmaciones y han informado sobre los años de investigación de la vacuna y el alto perfil de seguridad con el que cuenta.
Durante 2019 el tema de las vacunas ha cobrado mayor relevancia en el país, desde que aparecieron una serie de casos importados de sarampión.
En febrero pasado una familia de franceses, entre ellos un niño de cinco años, ingresó con sarampión al país, desde ese momento las autoridades pusieron a la familia en aislamiento para darle tratamiento, hasta que finalmente regresó a su país.
En marzo pasado seis miembros de una familia de misioneros estadounidense residentes en el Pacífico costarricense padecieron sarampión tras ser contagiados por una visitante estadounidense que regresó a su país unos días después.
El Ministerio de Salud aseguró que Costa Rica superó la alarma generada por esos casos de sarampión y evitó nuevos contagios.
Ante brotes de sarampión en diversos países de América, a finales de 2018 Costa Rica comenzó una campaña extraordinaria de vacunación que logró un alcance del 95 % de la población infantil.
La vacuna contra el sarampión forma parte del esquema obligatorio del país y la campaña extraordinaria se efectuó para reforzar las defensas aunque los menores ya hubiesen sido vacunados antes.
Costa Rica no presenta casos autóctonos de esta enfermedad desde 2006, y antes de los de 2019 el último caso importado había sido en 2014.
