Esmerarda Montero | Foto: Mairobi Herrera
Llamamos brecha digital a la dificultad para el acceso a las tecnologías, ya sea a nivel geográfico, socioeconómico o de género, para definir la brecha se toman en cuenta la disposición de la infraestructura tecnológica, la conectividad, los dispositivos a los que se tiene acceso, así como el nivel de conocimiento del uso de las herramientas.
Según la Oficina Europea de Estadística (Eurostat), la brecha digital se refiere a la diferencias entre los que tienen acceso a Internet, haciendo por ende uso de los servicios ofrecidos por la World Wide Web (WWW), y quienes permanecen excluidos de estos productos, por igual, con el término se distingue entre colectivos según su capacidad para manipular las TIC de forma efectiva, donde también influye la alfabetización, las necesidades económicas y la calidad de los contenidos a los que se tiene acceso.
Desde el Estado dominicano se plantea como objetivo “(…) el cierre de la brecha digital”, es decir, brindar acceso a internet a todos, educando a través de la tecnología, al menos así lo externó la coordinadora del eje de educación del Ministerio de la Presidencia, Diosmary De León, respecto a la República Digital, cuyos ejes son: “Educación, Acceso, Productividad y Empleo; y Gobierno Digital, Abierto y Transparente”, teniendo como ejes transversales Ciberseguridad e Inclusión Social.
El cierre de esta brecha también está vislumbrado entre los indicadores de los objetivos del milenio que contempla que “(…) las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) son una herramienta importante para alcanzar los objetivos en general”, según expone el secretario general de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) Yoshio Utsumi. De esta forma, las TIC son la médula del Objetivo ocho del milenio que aboga por “fomentar una asociación mundial para el desarrollo”, por lo que se insta a los países firmantes de la Declaración a trabajar de la mano con el sector privado para explotar los beneficios de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.
Ahora bien, ¿está la República Dominicana tan encaminada en el desarrollo de tales objetivos como se divulga desde los sectores oficiales?
Según el ranking de The Economist, nuestro país ocupa el puesto 77 de 100 en la correspondencia costo económico del acceso, frente a poder adquisitivo de la población, lo que no es de extrañar. La República Dominicana paga uno de los servicios de internet más caros del mundo, por encima de países con una economía más dinámica y con una calidad de vida más alta, RD mantiene un impuesto selectivo del 10 % por el consumo de este servicio, a ello se debe sumar el 18 % del ITBIS.
Según este balance, “la República Dominicana ocupa el puesto 61 entre 100 a nivel mundial y el 12 entre 15 países de América Latina. La asequibilidad deficiente reduce el puntaje general, mientras que la Preparación, clasificada como la 10ª en todo el mundo, es una fortaleza clave (impulsada por un entorno de políticas de alta calificación). El contenido relevante es débil, ocupa el puesto 78 de 100”.
Chile, en cambio, es el país mejor clasificado a nivel de la región latinoamericana, según apunta El índice de Internet inclusivo 2019, el país sudamericano ocupa el puesto 16 de 100.
Si bien es cierto que en RD se han hecho avances interesantes en esta materia, sería interesante que el Gobierno dominicano que anuncia una educación lista para “dejar atrás el lápiz y el papel”, tome como modelo de reflexión tanto los resultados de este ranking, como las experiencias puestas en práctica por Chile, quizás esto permita alcanzar niveles más altos y objetivos respecto a un internet inclusivo.
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