Miniatura de Julio Santana
El presidente Luis Abinader tomó la sorpresiva decisión de retirar del Congreso Nacional el Proyecto de Ley de Modernización Fiscal, en medio de un rechazo generalizado por parte de diversos sectores económicos, sociales y políticos. La propuesta incluía, entre otras medidas, la eliminación de exenciones fiscales, la ampliación del ITBIS (convertido en IVA) a productos esenciales y el aumento de impuestos específicos. Estas generaron preocupación por su impacto en el costo de vida y la carga fiscal que recaería sobre la clase media y baja.
El rechazo de la iniciativa fue amplificado por la falta de un proceso de consulta amplio y participativo. La ausencia de consenso con los gremios empresariales y otros actores clave dejó al descubierto que no se considerarían adecuadamente los efectos sociales adversos. Para que una modernización fiscal sea exitosa, es indispensable incluir mecanismos de compensación social, como subsidios o deducciones, especialmente en productos básicos y en zonas rurales que cuentan con una vastedad de economías informales y menor poder adquisitivo. De lo contrario, se corre el riesgo de aumentar la desigualdad entre regiones y agravar la vulnerabilidad económica de los sectores más afectados.
Uno de los puntos más controversiales fue la conversión del ITBIS en IVA. El IVA es conocido por su naturaleza regresiva, afectado desproporcionadamente a las personas con menores ingresos, quienes destinan la mayor parte de su presupuesto a bienes de consumo gravados. Implementar este impuesto sin medidas compensatorias hubiera profundizado la precariedad en los hogares vulnerables, comprometiendo su poder adquisitivo y bienestar.
La reforma no enfrentó el problema de la evasión fiscal, que afecta gravemente las finanzas públicas. Combatir la evasión y optimizar la gestión tributaria podría generar más ingresos que subir los impuestos y eliminar exenciones de manera indiscriminada. Se estima que la evasión del ITBIS supera el 40%, una cifra alarmante que refleja el potencial recaudatorio no explotado por el Estado.
Una estrategia efectiva debería centrarse en mejorar la administración tributaria y utilizar tecnología avanzada para reducir las brechas de evasión. Esto permitiría ampliar el espacio fiscal sin imponer cargas adicionales sobre los sectores más vulnerables. Además, una mejor gestión de los gastos y la deuda pública consolidada contribuiría significativamente a la estabilidad fiscal.
Aunque la retirada del proyecto alivió las tensiones, queda claro que la estructura actual de ingresos y gastos del Estado requiere ajustes. Es necesario un sistema tributario más eficiente que permita al gobierno cumplir con sus obligaciones sin incrementar la desigualdad. Se ha sugerido que una reforma menos agresiva podría aumentar la presión fiscal algo más allá del nivel promedio de América Latina, pero evitando cargas excesivas en sectores como la clase media, que ya soporta gran parte del peso tributario.
Para evitar desequilibrios futuros, se recomienda que cualquier reforma incluya salvaguardas específicas, como la exclusión de productos esenciales del IVA y programas de apoyo para pequeñas empresas. La clave está en reducir las exenciones injustificadas sin afectar la competitividad y fomentar un clima de confianza que promueva la inversión. También es vital mejorar la administración del gasto público, reducir las distorsiones fiscales y evitar que los ajustes recaigan únicamente en los consumidores finales. En todo caso, nunca perder de vista que no estamos en Noruega o Suiza, sino en un país con graves y viejos problemas estructurales irresponsablemente exacerbados por el descuido político.
Finalmente, la propuesta debe ser parte de un plan más amplio de modernización económica, que incluya la introducción de reglas fiscales claras, la reforma del subsector eléctrico, la mejora del sistema de protección social y la atención a externalidades ambientales. La meta es crear un sistema tributario justo y eficiente que garantice el desarrollo sostenible sin comprometer la estabilidad económica ni la cohesión social.
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